Una querella por el delito de secuestro y dos recursos por violación de derechos del consumidor presentó este lunes la joven Ángela Fuentes, quien en abril pasado fue esposada a unas barandas durante alrededor de dos horas por unos guardias en la estación Santa Isabel.
El altercado se produjo después de que la víctima intentara sin éxito pasar por una salida para personas con movilidad reducida.
Fuentes explicó que su intención de abandonar la estación por dicho lugar se debía a que poco antes del incidente había sido inyectada en su espalda por una lordosis que padece, por lo cual estaba con mucho dolor y quería salir luego del recinto, lo cual no fue posible y, por el contrario, pasó más de dos horas esposada en la estación, expuesta a todos quienes pasaban por allí.
En opinión de la afectada, la acción de Metro fue desmedida y merece ser perseguida judicialmente. Así, específicamente, presentó una querella contra los funcionarios de la empresa que resulten responsables del supuesto secuestro y otros dos recursos en su rol de consumidor, ya que ella había pagado su pasaje como corresponde.
La joven, que estudia en una academia de baile, llegó hasta el Centro de justicia acompañada de su abogado y un grupo de compañeros, con quienes desarrolló una performance recreando de manera artística su retención.
El jurista Juan Pablo Rivera dijo que con la querella por secuestro se pretende buscar responsabilidades en el caso, agregando que los culpables arriesgarían una pena de presidio menor en su grado máximo, pudiendo recibir desde tres años y un día hasta cinco años.
Asimismo, el abogado explicó que las acciones contra la empresa son “por la violación de los derechos del consumidor, más una indemnización por daños morales, puesto que se violaron sus derechos de honra”.
El jurista Juan Pablo Rivera dijo que con la querella por secuestro se pretende buscar responsabilidades en el caso, agregando que los culpables arriesgarían una pena de presidio menor en su grado máximo, pudiendo recibir desde tres años y un día hasta cinco años.
Asimismo, el abogado explicó que las acciones contra la empresa son “por la violación de los derechos del consumidor, más una indemnización por daños morales, puesto que se violaron sus derechos de honra”.
