Un tribunal peruano inició este lunes una audiencia para decidir si acoge o no un pedido de la fiscalía para suspender al partido fujimorista por 30 meses, lo que marginaría a su líder Keiko Fujimori de las elecciones de 2021.
El juez Víctor Zúñiga abrió la audiencia a las 09H15 locales (14h15 GMT) para resolver si suspende las actividades del partido Fuerza Popular (derecha populista) por dos años y medio, mientras avanza la investigación por supuestos aportes ilegales de campaña recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
La audiencia comenzó con el pedido del abogado defensor Christian Salas para que el juez se declare incompetente, aduciendo que no le corresponde resolver un pedido de suspensión para un partido político.
Salas está a cargo “de la sustentación de nuestra posición contra el arbitrario pedido de suspensión hecho por el Ministerio Público”, indicó Keiko Fujimori en Twitter minutos antes de comenzar la audiencia.
El fiscal José Domingo Pérez afirma que una organización criminal se constituyó dentro de Fuerza Popular para obtener poder político y recibir dinero de procedencia ilícita, cargos que niega Keiko.
“Es constitucional el pedido del Ministerio Público, es legal”, declaró el fiscal Pérez en la audiencia.
No está claro cuándo Zúñiga dará su veredicto, que puede ser apelado. Todos los partidos peruanos están abocados a la incipiente campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril de 2021.
Dos veces candidata presidencial, Keiko Fujimori lidera el movimiento político que fundó hace tres décadas su padre, el octogenario expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad ocurridos bajo su gobierno (1990-2000).
“Este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido”, dijo Keiko en una entrevista con AFP la semana pasada.
Fuerza gravitante desde 1990, el fujimorismo ha perdido popularidad en el último tiempo. El partido perdió la hegemonía en el Congreso peruano en enero pasado, al pasar de 73 escaños a 15 (y luego 14 por una deserción).
De 45 años y madre de dos niñas, Keiko es una de las figuras prominentes investigadas en el escándalo de Odebrecht, que también salpica a cuatro exmandatarios peruanos.
Ella, que estuvo en prisión preventiva 16 meses, niega haber recibido dinero ilegal para sus campañas de 2011 y 2016, en las que estuvo cerca de ganar la presidencia.