A dos semanas de que se inicie el segundo juicio oral en contra de Martín Pradenas, acusado de siete delitos sexuales, incluido el caso de Antonia Barra, joven que se suicidó luego de una presunta violación, los abogados del imputado, Javier Jara y Gaspar Calderón, renunciaron a representarlo.
El juicio está programado para el 30 de marzo.
La Defensoría Penal Pública (DPP) le asignó dos nuevos abogados: el jefe de estudios de la DPP, Marcelo Pizarro, y el defensor jefe de Temuco, Patricio Salinas. Se presume que los nuevos representantes lo visitarán el próximo martes en la cárcel de para conversar con él y definir si ellos lo van a seguir representando y cuál será la estrategia.
Marcelo Pizarro señaló que le solicitó al Ministerio Público y a los antiguos abogados de Pradenas todos los antecedentes respecto al caso.
“Sin que se conozcan los antecedentes de la investigación, sin que se conozcan los cargos y sin que se conozca cuál es la prueba que la defensa anterior tiene para poder afrontar la causa, no se puede ejercer adecuadamente el derecho que cada persona tiene, que está amparado en la Constitución, que es contar con una defensa técnica”, comentó el jefe de estudios de la DPP.
En ese sentido, recalcó que “es necesario conocer la prueba de descargos que haya aportado la defensa anterior y con ello pode revisar esos antecedentes, analizar la cantidad de los mismos para, finalmente, poder, en una nueva audiencia, solicitar al tribunal de ser necesario la fijación de una nueva fecha de juicio oral”.
Ante la posibilidad de aplazar el juicio, Alejandro Barra, padre de Antonia, manifestó que “la renuncia de su equipo de defensa privada, de manera tardía, justo cuando se comenzaría este nuevo juicio, es reprochable desde todo punto de vista, porque sólo perjudica y cansa, no sólo a las víctimas del acusado, sino a los testigos y toda la agenda con tanto tiempo organizado para, de una vez, desarrollar este nuevo juicio, en base a la verdad material que hemos de plasmas como verdad jurídica”.
En tanto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo que “las víctimas ya enfrentaron un juicio oral por esta materia, la nulidad del juicio y hoy día la dilación del segundo juzgamiento les provoca una situación de revictimización y afecta la adhesión que ellas tienen con el proceso”.
“Como Fiscalía esperamos que los intervinientes sean responsables de las decisiones que adopten. Que no se pretenda obtener ventajas procesales a través de los derechos que se consagran para la defensa de los imputados y podamos prontamente, con el respeto de los derechos de todos los intervinientes, iniciar este segundo juicio oral, ventilar todos los hechos, la prueba que se ha reunido por parte de la Fiscalía y dictar una sentencia condenatoria”, agregó.
