La chilena Pegasus -uno de los oferentes excluidos- interpuso en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra la subsecretaria de Prevención del Delito y los cinco miembros de la comisión evaluadora por prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Martorell aseguró que todo el procedimiento se apegó íntegramente a los principios de probidad administrativa.