Polémica ha generado la decisión del municipio de Antofagasta -encabezado por su alcaldesa, Karen Rojo-, en orden a penalizar el uso de espacios públicos mediante diversas sanciones, esto a través de una ordenanza que ha estado sujeta a diversos cuestionamientos, toda vez que hace extensivo su campo de acción no solo al comercio ambulante, sino a quienes deben pasar las noches en la calle. Al respecto, la candidata a diputada RD por Antofagasta, abogada Catalina Pérez, señaló que “esta ordenanza afecta severamente los derechos fundamentales, no sólo porque busca solucionar una problemática social compleja por vía de imponer sanciones o multas, sino también porque niega la responsabilidad del Estado en la provisión de las condiciones materiales necesarias para vivir en condiciones sociales dignas” explicó. Además agregó que “por otra parte nos preocupan sus evidentes incongruencias a la hora de buscar dar soluciones al problema. No tiene sentido fiscalizar y querer aplicar multas a personas que evidentemente no poseen los recursos para pagarlas y que tampoco tienen domicilio claro para ser notificadas”, explicó. Según Pérez, “esta ordenanza demuestra miopía a la hora de proponer políticas públicas que resuelvan problemas de fondo, los que no pueden ser tergiversados, como lo ha intentado hacer hasta el día de hoy la alcaldesa Karen Rojo. Ella ha negado que esta disposición afecte a personas en situación de calle, pero la medida guarda importantes similitudes con los tipos penales de vagancia y mendicidad, que fueron derogados a finales de los ‘90 en nuestro país. Hoy queremos decir firmemente que debemos avanzar hacia una sociedad de derechos, donde el tratamiento de personas excluidas no puede ser resuelto vía persecución, de forma ineficiente y populista”. Finalmente, y en relación a acciones a seguir en este caso, Catalina Pérez expresó que “hoy solicitamos junto a un grupo de vecinos y vecinas de Antofagasta, el pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de la legalidad de esta medida. Esperamos que el organismo contralor se pronuncie respecto del fondo de la misma, y con ello se haga entrar en razón al municipio en cuanto al modo de dar tratamiento a problemáticas sociales como esta”, puntualizó. Cabe consignar, por último, que según declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, dicha ordenanza municipal podría revestir el carácter de inconstitucional.