Hace dos semanas que Mauricio Cabezas recibió la visita de una patrulla de Carabineros en su casa en la ciudad de Arica. ¿La razón?, una denuncia anónima que lo acusa de estar coartando a su hija de 8 años el derecho a estudiar en el sistema escolar.

Según relató a La Nación el psicólogo de 40 años, el sargento y el cabo que se presentaron en su domicilio llegaron cuestionándolo a él y a su mujer por esta situación, y procedieron a evaluar a la niña haciéndole preguntas como si sabía leer o escribir.

Él les explicó, como establece la Constitución y la Ley General de Educación, los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos y que por ello optó por la modalidad “home school” o educación en casa, por la que han optado varias familias a nivel mundial con la meta de entregar una educación integral a sus hijos.

“Nosotros estamos aplicando una modalidad donde al niño se le enseña a leer y a escribir recién a los siete años, modelo que está avalado por el informe PISA que mide las competencias de los estudiantes a nivel mundial, donde Finlandia tiene el primer puesto y enseñan a los siete años a leer porque el cerebro está mucho más formado”, ejemplifica Cabezas.

Subrayó que siente que “se nos está aplicando en forma discriminatoria la ley”, pese a que “nuestro interés por educarla en casa, velando por sus derechos, que esté bien protegida, que aprenda más, que su desarrollo sea más armonioso, que sea una educación más personalizada, el juez lo contrapuso con los derechos de mi hija, pese a que la Constitución avala que los padres tienen la preferencia de educar a sus hijos, que hay más de 15 mil familias que lo hacen”.

CASO EN MANOS DEL SENAME

Con la denuncia, la policía uniformada derivó el caso al Tribunal de Familia de Arica, que citó al profesional el lunes pasado a una audiencia preparatoria, instancia en la que ofició al Servicio Nacional de Menores (Sename) para que revise este caso y vea si existe una vulneración efectiva de derechos de la menor.

“El juez decretó que había una contraposición entre mis intereses y los de mi hija. Ofició al Sename, una institución tan cuestionada y desorganizada y que dudo que tenga un protocolo para analizar ese tipo de situaciones, que va a tener que ver si es que a mi hija se les están o no vulnerando sus derechos, siendo que nadie ha dicho eso ante el tribunal, sino que ella estudia en casa”, se quejó Cabezas, sosteniendo que ni Carabineros ni el juez tenían conocimiento de esta metodología.

Con el tiempo en contra, porque la próxima audiencia será el martes, consiguió la representación de un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) para que lo represente y deberá estudiar todos los antecedentes y certificaciones con las que el padre de la niña dice contar para acreditar el sistema de enseñanza que está aplicando.

“Tenemos una asesora educativa y coordinadora académica que ve el proceso desde el año 2014, también tiene actividad fuera del hogar practicando Aikido, donde comparte con otros niños”, sostiene, enfatizando que “hemos sido bien prolijos, bien cuidadosos con respecto al tema, yo soy psicólogo y psicoterapeuta, no somos personas ignorantes, hemos escrito siete libros con respecto al tema, damos asesorías de alta efectividad en casos complejos”.

Asimismo, indicó que durante la mañana de este viernes, será recibido por el director regional (s) del Sename, Luis Morandé Flores, para explicarle su caso y vean que no procede que se le acuse de vulneración de derechos, arriesgando incluso sanciones.

LA PALABRA DEL MINISTERIO

Requerida por esta situación la seremi de Educación de Arica y Parinacota, Lorena Ventura Vásquez, señaló que si bien el Estado tiene el deber de otorgar una especial protección al ejercicio del derecho a la educación, el ministerio del ramo “debe velar porque los niños y jóvenes cuenten con su educación de primero básico a cuarto medio”.

Dicho esto, precisó que ese objetivo se puede conseguir a través de estudios en establecimientos regulares reconocidos por el Estado, como también en aquellos que por tener características propias y especiales, no cuentan con reconocimiento oficial, o a través de otro tipo de enseñanza.

“En esos últimos dos casos, los estudios deben ser validados a través de exámenes libres. Por ejemplo, los deportistas destacados, que deben dedicar mucho tiempo a sus entrenamientos, recurren a este tipo de certificación” y, por lo tanto, existe un manual de instrucción y orientación para llevar a cabo este proceso para los menores de 18 años.

La autoridad precisó que “para acceder a la validación de estudios a través de exámenes libres, los padres deben inscribir a sus hijos en la respectiva Dirección Provincial de Educación. Los menores de edad son asignados a un establecimiento educacional reconocido por el Estado, donde rinden sus exámenes. Este año los exámenes pueden rendirse entre el 4 de junio y el 30 de noviembre”.

Sobre estos requisitos, Mauricio Cabezas dijo que estaba al tanto de todo este procedimiento pero que él pretendía evaluar a su hija en el tramo de exámenes que abarcan de 1° a 4° Básico, pero que con todo lo que ha pasado optará por hacerlo cuanto antes para que su hija sea evaluada por el Estado.

Asimismo, dijo a La Nación que la seremi de Educación lo contactó la noche del miércoles para que se reúnan el lunes 14 de mayo a abordar este tema.