La ministra de Educación, Marcela Cubillos, puso a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) las denuncias presentadas por estudiantes y académicos de la Universidad del Pacífico en relación a sus controlares y que podrían generar una acción penal.
“Hemos venido a pedir al Consejo de Defensa del Estado que analice si hay antecedentes para iniciar acciones penales en contra de la Universidad del Pacífico o sus representantes, ya que hay recursos públicos comprometidos”, afirmó la tarde de este miércoles la titular de Educación, tras entregar a la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, antecedentes sobre los controladores de la Universidad del Pacífico.
La cuestionada institución ha recibido en los últimos cinco años aproximadamente $ 2.000 millones de pesos por parte del Estado, por concepto de becas de educación superior así como recursos provenientes de las asignaciones del Aporte Fiscal Indirecto y Fondos de Desarrollo Institucional.
De esta forma, el Mineduc ha decidido solicitar al CDE que haga los análisis correspondientes para establecer la posible existencia de delitos cometidos tanto por la Universidad del Pacífico (en virtud de la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas) como por sus representantes, especialmente, el prescrito en el artículo 470 N° 1 del Código Penal, que sanciona a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.
La situación de la casa de estudio está ad portas de una gran crisis, similar a la ocurrida con la Arcis. Ya el pasado 10 de noviembre el jefe de la Dirección de Educación Superior, Juan Vargas, catalogó como insuficiente el plan de acción entregado la institución, evidenciado, dijo, un “preocupante desgobierno al interior de la entidad”, que está afectado a los estudiantes.
El mes pasado, y en forma paralela, el Mineduc inició una investigación para conocer la situación en que se encuentra la universidad, a partir de las denuncias recibidas contra la institución, la que podría derivar con la solicitud de revocación al Consejo Nacional de Educación del reconocimiento oficial de la institución.
“Hemos venido a pedir al Consejo de Defensa del Estado que analice si hay antecedentes para iniciar acciones penales en contra de la Universidad del Pacífico o sus representantes, ya que hay recursos públicos comprometidos”, afirmó la tarde de este miércoles la titular de Educación, tras entregar a la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, antecedentes sobre los controladores de la Universidad del Pacífico.
La cuestionada institución ha recibido en los últimos cinco años aproximadamente $ 2.000 millones de pesos por parte del Estado, por concepto de becas de educación superior así como recursos provenientes de las asignaciones del Aporte Fiscal Indirecto y Fondos de Desarrollo Institucional.
De esta forma, el Mineduc ha decidido solicitar al CDE que haga los análisis correspondientes para establecer la posible existencia de delitos cometidos tanto por la Universidad del Pacífico (en virtud de la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas) como por sus representantes, especialmente, el prescrito en el artículo 470 N° 1 del Código Penal, que sanciona a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.
La situación de la casa de estudio está ad portas de una gran crisis, similar a la ocurrida con la Arcis. Ya el pasado 10 de noviembre el jefe de la Dirección de Educación Superior, Juan Vargas, catalogó como insuficiente el plan de acción entregado la institución, evidenciado, dijo, un “preocupante desgobierno al interior de la entidad”, que está afectado a los estudiantes.
El mes pasado, y en forma paralela, el Mineduc inició una investigación para conocer la situación en que se encuentra la universidad, a partir de las denuncias recibidas contra la institución, la que podría derivar con la solicitud de revocación al Consejo Nacional de Educación del reconocimiento oficial de la institución.
