Sus reparos a la moción parlamentaria que busca suspender el cobro de matrícula y aranceles en la educación superior, mientras dure la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, expresaron este miércoles representantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y del Ministerio de Educación.
El vicepresidente de la entidad y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, y el subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, comparecieron vía virtual ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que analiza la propuesta parlamentaria.
Esta busca dejar sin efecto el cobro por parte de las instituciones de educación superior, estatales o privadas, de aquellos estudiantes que cursen carreras de carácter presencial, semipresencial o a distancia y que no hayan accedido a gratuidad.
Según el articulado, cada estudiante beneficiado tendrá el derecho a que la suma no cobrada y que adeude sea prorrateada en al menos 24 meses, en cuotas iguales y mensuales, que no podrán generar intereses ni multas por mora.
Aldo Valle hizo una serie de observaciones respecto de la viabilidad económica que generaría el proyecto, arguyendo que desde el estallido social del 18 octubre se produjo un impacto en la morosidad que se sumó luego al proceso de matrícula 2020, “el que disminuyó en algunos casos al 50%”.
Dado el fundamento, llamó a los parlamentarios a considerar un informe que el Cruch encargó para conocer la viabilidad de la iniciativa para las casas de estudios, el que sería entregado la próxima semana.
A su vez, subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, detalló que si bien el proyecto tiene una intención loable, también tiene “un efecto negativo”, al implicar un desfinanciamiento relevante para las instituciones de educación superior.
En ese sentido, explicó que el proyecto “tendría el carácter de inconstitucional, ya que hace mención o pretende hacer injerencia con la administración financiera del Estado”.
El vicepresidente de la entidad y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, y el subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, comparecieron vía virtual ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que analiza la propuesta parlamentaria.
Esta busca dejar sin efecto el cobro por parte de las instituciones de educación superior, estatales o privadas, de aquellos estudiantes que cursen carreras de carácter presencial, semipresencial o a distancia y que no hayan accedido a gratuidad.
Según el articulado, cada estudiante beneficiado tendrá el derecho a que la suma no cobrada y que adeude sea prorrateada en al menos 24 meses, en cuotas iguales y mensuales, que no podrán generar intereses ni multas por mora.
Aldo Valle hizo una serie de observaciones respecto de la viabilidad económica que generaría el proyecto, arguyendo que desde el estallido social del 18 octubre se produjo un impacto en la morosidad que se sumó luego al proceso de matrícula 2020, “el que disminuyó en algunos casos al 50%”.
Dado el fundamento, llamó a los parlamentarios a considerar un informe que el Cruch encargó para conocer la viabilidad de la iniciativa para las casas de estudios, el que sería entregado la próxima semana.
A su vez, subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, detalló que si bien el proyecto tiene una intención loable, también tiene “un efecto negativo”, al implicar un desfinanciamiento relevante para las instituciones de educación superior.
En ese sentido, explicó que el proyecto “tendría el carácter de inconstitucional, ya que hace mención o pretende hacer injerencia con la administración financiera del Estado”.
