“No pueden haber instituciones que le pongan el pie a otras, sino instituciones que trabajen en forma coordinada y armónica”, aseveró este viernes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, al abordar nuevamente el conflicto que mantienen la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional respecto a la impugnación de los fallos.

Por ello el secretario de Estado reforzó la idea del Gobierno de impulsar una reforma a la Carta Fundamental, si no se soluciona el problema jurisdiccional entre ambos organismos, luego que el primero objetara un dictamen del segundo en relación a una causa laboral y sostuviera que se puede refutar con un recurso de protección ante el máximo tribunal judicial del país.

“No queremos que existan instituciones que interfieran en la labor de otras, sino que cooperen para que cada una, cumpliendo sus funciones, desempeñen el rol que el orden constitucional les ha asignado”, agregó.

En ese sentido, Larraín dijo que la actual Constitución no aclara hasta dónde llegan las competencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, por lo cual el Ejecutivo espera que por la vía legislativa se encuentre una solución.

“Lo que hay es la duda respecto de hasta dónde llega la capacidad de la Corte Suprema de referirse a fallos del Tribunal Constitucional o hasta dónde el TC define materias que no son después susceptibles de revisión por la Corte Suprema”, dijo el ministro.

“Si aquí es donde se produce el traslape de atribuciones en que ambos pueden creer tener competencias, ahí es dónde, si no hay un acuerdo directo de definir ese límite, una reforma constitucional podría precisar hasta dónde llega el Tribunal Constitucional o hasta donde llega la Corte Suprema, de manera de generar muros infranqueables que impidan las tensiones y que impidan que dos organismos estén tratando la misma materia”, añadió.

“Aquí ambos son el organismo máximo, el tope. Respecto de ellos no hay recursos ulteriores ni instancias posteriores que puedan seguir revisando esta materia y, por lo tanto, lo que no podemos es dejar espacio a que entre sí tengan situaciones de conflicto”, concluyó.

El titular de Justicia formuló estas declaraciones en la ceremonia en que anunció un proyecto de ley para que personas con antecedentes penales puedan trabajar en la administración pública, en cargos profesionales y técnicos.