A los 96 años murió Elena Muñoz de Maureira, la viuda símbolo del caso Lonquén, quien perdió a su esposo y cuatro hijos a manos de los carabineros de Isla de Maipo y cuyos cuerpos aparecieron a finales de los años ‘70 en los hornos del icónico lugar junto a otras víctimas de la dictadura.
Más conocida como “Purísima Lonquén”, la mujer será sepultada la tarde de este viernes en el cementerio de Isla de Maipo, después de una misa en la parroquia en el Santuario Virgen de la Mercedes. Previamente, su féretro saldrá desde su domicilio en la Villa O’Higgins.
Los integrantes del clan Maureira y las otras víctimas aparecieron el 30 de noviembre de 1978 en los hornos de Lonquén. Sus cuerpos estaban amarrados en sus extremidades con alambre de púas y a pesar de las limitaciones a la prensa en la época, el hallazgo provocó conmoción nacional.
Posteriormente, las autopsias mostraron señas de macabras torturas sufridas por ejecutados, que fueron detenidas el 7 de octubre de 1973 por carabineros del retén de Isla de Maipo, donde se les vio con vida por última vez.
Se trata de 15 campesinos, todos varones de entre 17 y 51 años, entre ellos Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel Maureira Muñoz.
Además, se cuentan Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro.
El vicario de entonces, Cristian Precht Bañados, coordinó una comisión para verificar estos hechos y que el 30 de noviembre de 1978 se dirigió al lugar, unos hornos de cal abandonados, donde verificó la presencia de restos humanos.
Al día siguiente, abogados de la Vicaría de la Solidaridad concurrieron al palacio de los Tribunales para exigir la designación de un ministro en visita. En presencia de una jueza se rescataron los restos y fueron llevados al Servicio Médico Legal.
El 6 de diciembre de 1978 el pleno de la Corte Suprema designó como ministro en visita al juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados, el primero en investigar el caso.
La indagatoria pasó a manos de la ministra en visita Marianela Cifuentes, quien condenó a 7 carabineros en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple de las 15 personas.
La pena más abultada recayó en Marcelo Castro, quien recibió 20 años de presidio. En tanto, David Coliqueo, Justo Ignacio Romo, Félix Sagredo, Jacinto Torres y Juan José Villegas fueron sentenciados a 15 años de cárcel. Finalmente, Pablo Ñancupil recibió 15 penas de 60 días de presidio.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar la suma total de $5.540 millones a los familiares de las víctimas. El fallo fue ratificado el 19 de junio de 2018 por la Corte Suprema.
Más conocida como “Purísima Lonquén”, la mujer será sepultada la tarde de este viernes en el cementerio de Isla de Maipo, después de una misa en la parroquia en el Santuario Virgen de la Mercedes. Previamente, su féretro saldrá desde su domicilio en la Villa O’Higgins.
Los integrantes del clan Maureira y las otras víctimas aparecieron el 30 de noviembre de 1978 en los hornos de Lonquén. Sus cuerpos estaban amarrados en sus extremidades con alambre de púas y a pesar de las limitaciones a la prensa en la época, el hallazgo provocó conmoción nacional.
Posteriormente, las autopsias mostraron señas de macabras torturas sufridas por ejecutados, que fueron detenidas el 7 de octubre de 1973 por carabineros del retén de Isla de Maipo, donde se les vio con vida por última vez.
Se trata de 15 campesinos, todos varones de entre 17 y 51 años, entre ellos Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel Maureira Muñoz.
Además, se cuentan Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro.
ANTECEDENTES DEL CASO
En noviembre de ese año, un campesino se dirigió a las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad para dar cuenta del hallazgo.El vicario de entonces, Cristian Precht Bañados, coordinó una comisión para verificar estos hechos y que el 30 de noviembre de 1978 se dirigió al lugar, unos hornos de cal abandonados, donde verificó la presencia de restos humanos.
Al día siguiente, abogados de la Vicaría de la Solidaridad concurrieron al palacio de los Tribunales para exigir la designación de un ministro en visita. En presencia de una jueza se rescataron los restos y fueron llevados al Servicio Médico Legal.
El 6 de diciembre de 1978 el pleno de la Corte Suprema designó como ministro en visita al juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados, el primero en investigar el caso.
La indagatoria pasó a manos de la ministra en visita Marianela Cifuentes, quien condenó a 7 carabineros en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple de las 15 personas.
La pena más abultada recayó en Marcelo Castro, quien recibió 20 años de presidio. En tanto, David Coliqueo, Justo Ignacio Romo, Félix Sagredo, Jacinto Torres y Juan José Villegas fueron sentenciados a 15 años de cárcel. Finalmente, Pablo Ñancupil recibió 15 penas de 60 días de presidio.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar la suma total de $5.540 millones a los familiares de las víctimas. El fallo fue ratificado el 19 de junio de 2018 por la Corte Suprema.