El séptimo proceso de fiscalización impulsado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) demostró que las municipalidades chilenas registraron una caída de un 4% el nivel de cumplimiento de obligaciones en transparencia activa entre 2017 y 2018.
Esta caída, de 74,2% en 2017 a 70,5% en 2018, es la segunda consecutiva, pues durante 2016 los municipios alcanzaron un 77% en el nivel de cumplimiento y desde entonces solo han registrado bajas.
En la revisión se pasó revista a la ejecución de obligaciones establecidas para los órganos del Estado de acuerdo a la Ley de Transparencia en las 345 municipalidades del país, y que están vinculadas a mantener información disponible para la ciudadanía de manera permanente vía páginas web.
Debido a los resultados el presidente del CPLT, Marcelo Drago, señaló que “las bajas en transparencia activa, es decir, contenidos que deben publicar los municipios es una señal de alerta y no se condice con una demanda ciudadana por transparencia que va en aumento. Estamos hablando de trámites, beneficios e información importante para la gente, que impacta muchas veces en su calidad de vida”.
Subrayó que en el balance de 2018 mostró un aumento exponencial de solicitudes de acceso a información que las personas hacen a los organismos públicos, al igual que un gran incremento de nuevos reclamantes.
“Los municipios tienen que estar preparados para una tendencia que va creciendo y ponerse al día con información que digitalizada puede beneficiar a la ciudadanía”, agregó Drago.
El titular de transparencia afirmó que “no podemos perder la oportunidad de poner a disposición de vecinos información útil que les permitirá acceder a beneficios y a antecedentes relevantes que permiten a sus vecinos acceder a otros derechos y servir además como sistema de rendición de cuentas de las autoridades”.
La fiscalización reveló que los ítems con el cumplimiento más bajo fueron las patentes comerciales (como por ejemplo los decretos de patentes de alcoholes), llamados a concurso de personal y convenios de colaboración, y permisos, particularmente los de edificación y obras nuevas.
Las municipalidades con mejor evaluación en la fiscalización fueron San Joaquín, con un 99,63% de cumplimiento; Providencia con un 99,58%; Pozo Almonte y Talagante, ambas con 99,15%, y Coquimbo con 99%.
En tanto, las comunas peores evaluadas fueron Pelarco con un 17,92%, Llanquihue con 18,04%, Alto Biobío con 24,29%, Juan Fernández con 25,02% y San Pedro de Atacama con 25.93%.
Esta caída, de 74,2% en 2017 a 70,5% en 2018, es la segunda consecutiva, pues durante 2016 los municipios alcanzaron un 77% en el nivel de cumplimiento y desde entonces solo han registrado bajas.
En la revisión se pasó revista a la ejecución de obligaciones establecidas para los órganos del Estado de acuerdo a la Ley de Transparencia en las 345 municipalidades del país, y que están vinculadas a mantener información disponible para la ciudadanía de manera permanente vía páginas web.
Debido a los resultados el presidente del CPLT, Marcelo Drago, señaló que “las bajas en transparencia activa, es decir, contenidos que deben publicar los municipios es una señal de alerta y no se condice con una demanda ciudadana por transparencia que va en aumento. Estamos hablando de trámites, beneficios e información importante para la gente, que impacta muchas veces en su calidad de vida”.
Subrayó que en el balance de 2018 mostró un aumento exponencial de solicitudes de acceso a información que las personas hacen a los organismos públicos, al igual que un gran incremento de nuevos reclamantes.
“Los municipios tienen que estar preparados para una tendencia que va creciendo y ponerse al día con información que digitalizada puede beneficiar a la ciudadanía”, agregó Drago.
El titular de transparencia afirmó que “no podemos perder la oportunidad de poner a disposición de vecinos información útil que les permitirá acceder a beneficios y a antecedentes relevantes que permiten a sus vecinos acceder a otros derechos y servir además como sistema de rendición de cuentas de las autoridades”.
La fiscalización reveló que los ítems con el cumplimiento más bajo fueron las patentes comerciales (como por ejemplo los decretos de patentes de alcoholes), llamados a concurso de personal y convenios de colaboración, y permisos, particularmente los de edificación y obras nuevas.
Las municipalidades con mejor evaluación en la fiscalización fueron San Joaquín, con un 99,63% de cumplimiento; Providencia con un 99,58%; Pozo Almonte y Talagante, ambas con 99,15%, y Coquimbo con 99%.
En tanto, las comunas peores evaluadas fueron Pelarco con un 17,92%, Llanquihue con 18,04%, Alto Biobío con 24,29%, Juan Fernández con 25,02% y San Pedro de Atacama con 25.93%.
