La abogada Mónica Palma, de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, actualmente suspendida de su cargo, se encuentra con una medida de protección para velar por su seguridad, mientras es investigada por la presunta filtración de antecedentes de la Operación Huracán, supuestamente entregados al vocero de la CAM, Héctor Llaitul.
La información entregada este jueves en el diario Austral de Temuco, medio al que el abogado Sergio Díaz, defensor de Mónica Palma, declaró que “actualmente cuenta con una medida de protección para velar por su seguridad conferida por el Ministerio Público”.
Díaz también se refirió a la querella que la abogada Palma presentó contra Carabineros y dijo que la acción judicial “busca que se individualice y condene a los responsables de las gravísimas y falsas imputaciones que se realizaron en su contra”.
Según un informe de la Dipolcar, la abogada Palma entregaba los antecedentes de la investigación del fiscal de Alta Complejidad, Luis Arroyo, a un agente de Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y este a su vez los facilitaba a Llaitul. Además, según Carabineros, el fiscal fue informado de esta situación nada hizo por una supuesta relación sentimental con la abogada. El fiscal también se querelló contra la institución policial.
Junto con informar que se han solicitado peritajes para comprobar la falsedad de estas acusaciones, el abogado Díaz señaló que “el daño a su imagen personal, como mujer y profesional, ha sido enorme. Así como también el costo económico que este proceso significa y el daño sicológico causado por todo el sufrimiento que esto le causa a diario, tanto a ella como a su familia, sin tener participación alguna en los hechos denunciados”.
La información entregada este jueves en el diario Austral de Temuco, medio al que el abogado Sergio Díaz, defensor de Mónica Palma, declaró que “actualmente cuenta con una medida de protección para velar por su seguridad conferida por el Ministerio Público”.
Díaz también se refirió a la querella que la abogada Palma presentó contra Carabineros y dijo que la acción judicial “busca que se individualice y condene a los responsables de las gravísimas y falsas imputaciones que se realizaron en su contra”.
Según un informe de la Dipolcar, la abogada Palma entregaba los antecedentes de la investigación del fiscal de Alta Complejidad, Luis Arroyo, a un agente de Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y este a su vez los facilitaba a Llaitul. Además, según Carabineros, el fiscal fue informado de esta situación nada hizo por una supuesta relación sentimental con la abogada. El fiscal también se querelló contra la institución policial.
Junto con informar que se han solicitado peritajes para comprobar la falsedad de estas acusaciones, el abogado Díaz señaló que “el daño a su imagen personal, como mujer y profesional, ha sido enorme. Así como también el costo económico que este proceso significa y el daño sicológico causado por todo el sufrimiento que esto le causa a diario, tanto a ella como a su familia, sin tener participación alguna en los hechos denunciados”.
