El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó este lunes la reapertura de la investigación solicitada por la defensa de los imputados Gonzalo Blu Rodríguez y Patricio Marín Lazo, en el marco del caso por la denominada “Operación Huracán”.
La petición fue presentada con la oposición del Ministerio Público, querellantes y de las defensas de los coimputados en esta causa, argumentando que la mayoría de las solicitudes ya se habían realizado y otras buscaban efectos dilatorios.
Además, en la audiencia de cautela de garantías, la magistrada Leticia Rivera Reyes resolvió mantener sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados Leonardo Osses Sandoval y Patricio Marín Lazo.
Lo anterior por considerar que la libertad de ambos excarabineros constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga.
Cabe recordar que en este caso hay un total de 11 personas imputadas, por los delitos de asociación ilícita, falsificación al instrumento público y obstrucción a la investigación.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, aseguró que las penas partirían desde los 10 años y un día de presidio, que podrían ir aumentando dependiendo del grado de participación de los involucrados.
La petición fue presentada con la oposición del Ministerio Público, querellantes y de las defensas de los coimputados en esta causa, argumentando que la mayoría de las solicitudes ya se habían realizado y otras buscaban efectos dilatorios.
Además, en la audiencia de cautela de garantías, la magistrada Leticia Rivera Reyes resolvió mantener sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados Leonardo Osses Sandoval y Patricio Marín Lazo.
Lo anterior por considerar que la libertad de ambos excarabineros constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga.
Cabe recordar que en este caso hay un total de 11 personas imputadas, por los delitos de asociación ilícita, falsificación al instrumento público y obstrucción a la investigación.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, aseguró que las penas partirían desde los 10 años y un día de presidio, que podrían ir aumentando dependiendo del grado de participación de los involucrados.
