Esto, luego de conocer los alcances del Informe Especial 301 de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR), que mantiene a Chile en la lista de “Observación Prioritaria” por 12° año consecutivo -junto a Argentina y Venezuela-, y explicita que Chile no estaría protegiendo debidamente la propiedad intelectual, y sus principales problemas serían la piratería online y el robo de las señales satelitales encriptadas. Con este nivel de desprotección, Chile se encuentra al nivel de países como India, Indonesia, Kuwait y Ucrania.
“Es una muy mala noticia para los usuarios, para los creadores y para los proveedores que invierten en Chile que en el informe de la USTR se mantenga sin avances decididos en la lucha antipiratería. La piratería perjudica gravemente a los derechos de los consumidores y los creadores, encarece los precios, pone en juego la sostenibilidad de diversos modelos de negocio y genera impactos profundos que perjudican de forma seria a la economía. Establecer marcos normativos encaminados al fin de la piratería es un imperativo ético y económico para Chile”, explicó el director ejecutivo de Asiet, Pablo Bello.
Avanzar en una legislación con sanciones penales y civiles más duras es una de las recomendaciones del Informe. En esa línea, hace tres años se tramita un proyecto de ley que sanciona a quienes lucran con la piratería de TV, ya sea a través de la comercialización de dispositivos o software que la hagan posible, como a quienes distribuyen el contenido. Así se pone la responsabilidad en el que comete el delito y no en el usuario.
Marta Ochoa, directora ejecutiva de Alianza contra la Piratería de TV Paga, detalló que “desde nuestra experiencia y mirada en la región existen nuevas legislaciones en muchos países como Uruguay, Ecuador y Perú que avanzan en un marco regulatorio tendiente a combatir la piratería. Nosotros quisiéramos que la legislación en Chile también avanzara en el mismo sentido, por ello esperamos que prontamente se apruebe el proyecto que sanciona la decodificación ilegal y que nos permita salir de la lista negra del USTR”.
De acuerdo al informe de Business Bureau correspondiente a septiembre de 2017 las pérdidas para los operadores alcanzan la cifra anual de US$84.523.507,20 y las pérdidas de suscriptores ascienden a US$44.304.405,02 al año.