El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación una querella en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago que en 2021 le concedieron la libertad condicional a Juan González Quezada, acusado de haber causado la muerte del suboficial David Florido el pasado 10 de junio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

La acción judicial fue presentada por Juan Carlos Florido, padre del funcionario policial fallecido, quien acusa que hubo delito de prevaricación por parte de la ministra (s) Andrea Díaz y del abogado Eduardo Jequier.

De acuerdo al texto legal, los magistrados no consideraron lo expuesto por la Comisión de Libertad Condicional, la cual había rechazado entregar el beneficio a González Quezada el 15 de octubre del año pasado.

“En el respectivo informe la comisión señaló que si bien el interno cumplía con los requisitos formales para postular a este beneficio, los antecedentes tenidos a la vista por la comisión daban cuenta de la existencia de factores de riesgo de reincidencia que desaconsejaban otorgarle el beneficio solicitado”, indicaba el escrito de la comisión, según informó La Tercera.

La instancia había estimado “necesario un mayor periodo de observación de los permisos de salida dominical y de fin de semana del cual goza el interno, a fin de evitar el riesgo de reincidencia”, ya que “por ahora existen escasas posibilidades del postulante para reinsertarse adecuadamente en la sociedad”.

En la querella, el padre del cabo y su abogado Felipe Basaul acusan que “en una escueta sentencia, la Novena Sala utilizó un argumento formal para acoger el recurso de amparo: sostuvo que la comisión había excedido el ámbito de sus facultades. La sentencia no contiene otros argumentos de fondo, sino que básicamente se sustenta en la idea de que la comisión no puede ponderar el cumplimiento del tercer requisito del DL 321”, plantean en la querella.

Al citado medio, Florido explicó que “lo que pretendo es que se haga justicia. Aquí hay un actor material que cometió el homicidio, pero yo sé que los responsables del crimen de mi hijo fueron jueces que le dieron el beneficio a esa persona”.

El querellante advirtió que “cuando un carabinero se equivoca, le aplican una sanción, lo dan de baja o le aplican una pena, pero quién se preocupa cuando los jueces se equivocan, mi lucha es esa”, asegurando que espera que “se haga justicia y que ojalá no puedan ejercer más o que no tengan este tipo de responsabilidades”.

David Florido Cisterna recibió un balazo en la cabeza cuando había acudido a fiscalizar una barbería en la esquina de avenida La Marina con Clotario Blest, ante una denuncia por sujetos armados. Tenía 33 años y estaba casado, con dos hijas. Se transformó en el mártir 1.227 de la institución policial.

Su presunto homicida debía salir de la cárcel en 2024. En 2016 había sido detenido por robo con intimidación, por el cual lo condenaron a ocho años de presidio.