La acción judicial, presentada ante la Corte de Apelaciones de Temuco, se sustenta en el artículo 21 de la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humano, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.