La policía civil de Pará, en el norte de Brasil, denunció a cuatro ambientalistas por incendios registrados en un área protegida, una acción calificada por la defensa de los jóvenes como “una enorme injusticia”.
Los cuatro pertenecen a la brigada de incendios Alter do Chão, un grupo de voluntarios que desde 2018 auxilia a los bomberos en el combate de incendios forestales en esa región.
Daniel Gutierrez, João Victor Romano, Marcelo Cwerner y Gustavo Fernandes fueron detenidos el 26 de noviembre por orden de un juez que dos días después ordenó liberarlos, en medio de la repercusión que generó el caso y la condena de ONG internacionales que afirman que las acusaciones carecen de fundamento.
En un comunicado, la Policía Civil de Pará informó que los brigadistas fueron acusados de los “crímenes de daño a Área Ambiental Protegida y asociación criminal”.
En el informe final de la investigación, filtrado por medios locales, la policía afirma que hay indicios que “demuestran la participación activa de los brigadistas en los eventos”, en referencia a incendios en un área de preservación ambiental en Alter do Chão, una región a la vera de un río localizada a 1.360 km de Belém, la capital del estado.
Un quinto hombre también fue denunciado, pero no integra la brigada.
La denuncia “es fruto de ilegalidades y lamentablemente muestra que la investigación tiene una cierta orientación”, dijo en un comunicado el equipo de abogados.
Para la defensa, las investigaciones concluyeron “de forma atropellada (…) La denuncia se basó en ilaciones extraídas de testimonios especulativos sin ninguna prueba, atacando a quienes dedicaron sus vidas a combatir incendios voluntariamente en la región amazónica”.
La brigada Alter do Chão es un proyecto de la ONG Instituto Acuífero, que en noviembre calificó de “infundada” la acusación.
A la protesta se sumaron otras organizaciones como Greenpeace, WWF y Amnistía Internacional, que acusan al gobierno del presidente Jair Bolsonaro de debilitar los controles ambientales y favorecer, también con su discurso antiambientalista, el avance de la deforestación ilegal en la selva Amazónica.
Bolsonaro, que ya había insinuado en los meses previos que había ONG involucradas en los incendios forestales en la Amazonía, celebró públicamente la detención de los ambientalistas el mes pasado.
Durante los primeros 11 meses del año, en coincidencia con el inicio del mandato del presidente ultraderechista, quien asumió en enero, la deforestación en la Amazonía alcanzó los 8.974,31 km2, según datos oficiales.
Esto es casi el doble del total registrado entre enero y noviembre de 2018 (4.878,7 km2), un aumento del 83,9%.
Estos datos fueron recolectados con ayuda del sistema DETER, basado en alertas de deforestación identificadas por satélite.
Los cuatro pertenecen a la brigada de incendios Alter do Chão, un grupo de voluntarios que desde 2018 auxilia a los bomberos en el combate de incendios forestales en esa región.
Daniel Gutierrez, João Victor Romano, Marcelo Cwerner y Gustavo Fernandes fueron detenidos el 26 de noviembre por orden de un juez que dos días después ordenó liberarlos, en medio de la repercusión que generó el caso y la condena de ONG internacionales que afirman que las acusaciones carecen de fundamento.
En un comunicado, la Policía Civil de Pará informó que los brigadistas fueron acusados de los “crímenes de daño a Área Ambiental Protegida y asociación criminal”.
En el informe final de la investigación, filtrado por medios locales, la policía afirma que hay indicios que “demuestran la participación activa de los brigadistas en los eventos”, en referencia a incendios en un área de preservación ambiental en Alter do Chão, una región a la vera de un río localizada a 1.360 km de Belém, la capital del estado.
Un quinto hombre también fue denunciado, pero no integra la brigada.
La denuncia “es fruto de ilegalidades y lamentablemente muestra que la investigación tiene una cierta orientación”, dijo en un comunicado el equipo de abogados.
Para la defensa, las investigaciones concluyeron “de forma atropellada (…) La denuncia se basó en ilaciones extraídas de testimonios especulativos sin ninguna prueba, atacando a quienes dedicaron sus vidas a combatir incendios voluntariamente en la región amazónica”.
La brigada Alter do Chão es un proyecto de la ONG Instituto Acuífero, que en noviembre calificó de “infundada” la acusación.
A la protesta se sumaron otras organizaciones como Greenpeace, WWF y Amnistía Internacional, que acusan al gobierno del presidente Jair Bolsonaro de debilitar los controles ambientales y favorecer, también con su discurso antiambientalista, el avance de la deforestación ilegal en la selva Amazónica.
Bolsonaro, que ya había insinuado en los meses previos que había ONG involucradas en los incendios forestales en la Amazonía, celebró públicamente la detención de los ambientalistas el mes pasado.
Durante los primeros 11 meses del año, en coincidencia con el inicio del mandato del presidente ultraderechista, quien asumió en enero, la deforestación en la Amazonía alcanzó los 8.974,31 km2, según datos oficiales.
Esto es casi el doble del total registrado entre enero y noviembre de 2018 (4.878,7 km2), un aumento del 83,9%.
Estos datos fueron recolectados con ayuda del sistema DETER, basado en alertas de deforestación identificadas por satélite.