El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, concordó en la justicia de esta solicitud y consideró que, dado que existe un universo completamente conocido de personas con discapacidad sobre el 40%, la ley espejo del transporte público puede financiar esta iniciativa en regiones y, con una disminución del 10% de la evasión en la región Metropolitana, la solicitud es completamente factible.
“Si uno entiende que parte importante por ejemplo de la campaña contra la evasión se invierte en algún tipo de rebaja, como la que se está pidiendo y que haya por ley un 50% de rebaja en los temas de discapacidad, esto es completamente financiable. Hoy día la discapacidad no es sólo un problema desde el punto de vista de la sobrevida, sino también un gasto importante en traslado”, dijo Navarrete.
“Lo que se está pidiendo con las agrupaciones es ingresar un proyecto de ley que disminuya a todos los que tienen discapacidad con carnet. Por lo tanto, no es un tema que se pueda discutir, porque hay un Registro Nacional de Discapacidad, el que permite que se pueda efectuar este tipo de rebaja del 50% de los pasajes en todo Chile, porque esta gente no sólo tiene el derecho a salir a trabajar y recrearse. Fundamentalmente gastan en lo que es el gasto médico y de rehabilitación”, agregó.
El dirigente político explicó que será planteado a los parlamentarios de su partido para que presente una moción en el Congreso y también se planteará esta solicitud a la ministra del Transporte, Paola Tapia, para que considere este tipo de beneficio.
Cristián Ramírez, una de las personas en situación de discapacidad que acompañó al timonel PPD al plantear el tema, sostuvo que aún hay temas pendientes de inserción laboral pese a los avances en favor de las personas en situación vulnerable, y precisó que la mayoría de los discapacitados por no ser considerados en el mundo del trabajo deben realizar labores informales o comercio ambulante.
“Es importante que las autoridades consideren este tipo de apoyo a las personas discapacitadas, porque tenemos pensiones mínimas que no alcanzan para una vida más digna y muchos de los escasos recursos se nos van en locomoción”, indicó Ramírez.
En promedio, cada una de estas personas gasta alrededor de $20 mil pesos en transporte público para asistir a control y terapia.