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Proponen plan para resolver conflicto de La Araucanía excluyendo a políticos

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Felipe Kast (Evópoli) y Francisco Huenchumilla (DC) están en conversaciones para bosquejar un plan para resolver en conflicto de La Araucanía. Planean crear mesa de trabajo con miembros indígenas y no indígenas “con cierto prestigio”, excluyendo a políticos e integrando a un observador internacional.

Huenchumilla revisó la propuesta que le presentó Kast y agregó contenido relevante al trabajo que el senador de Evópoli viene trabajando hace dos meses con su equipo para resolver la “deuda histórica” que se mantiene con el pueblo mapuche.

“Cuando personas que pertenecen a distintos sectores políticos se ponen de acuerdo en algo tan relevante como esto claramente tiene mayor valor y hay una probabilidad más positiva de llegar a puerto”, señaló Kast a El Mercurio.

El documento que fue enviado el martes pasado a Piñera se titula “propuesta para resolver cuestiones pendientes en materia de tierras con nuestros pueblos originarios”.

Los parlamentarios sostienen que los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad en la zona, “no podemos seguir haciendo lo mismo”.

“Se debe determinar exactamente de qué estamos hablando cuál es su dimensión y establecer un horizonte de solución que permita a todos los sectores de la región saber a qué atenerse respecto de sus vidas y sus decisiones de desarrollo personal y familiar, y al conjunto de la región planificar una convivencia tolerante, inclusiva, y terminar con los conflictos”, señala el texto.

Los senadores ponen como ejemplo el caso de Nueva Zelanda y la resolución del conflicto que se levantaba en torno a los derechos del pueblo Maorí.

Según Kast la solución al problema de la región debe surgir de un diálogo transversal para así lograr una mayor “legitimidad social y viabilidad política”. “Instaurar una instancia colegiada que fije criterios y mecanismos fundacionales para resolver las cuestiones pendientes de tierras”.

Dicha mesa de trabajo deberá ser constituida por el Gobierno a través del Presidente y el ministro de Desarrollo Social, y ser conformada por 10 personas “de reconocido prestigio personal, académico o dirigencial que den garantías de imparcialidad y buen juicio”.

La comisión deberá mantener una conformación que proporcione garantías a todos los sectores, con integración paritaria (indígenas no indígenas), la participación de un observador internacional en calidad de “garante” que pueda hacer recomendaciones.

Cabe destacar que entre la decena de miembros no participarían actores con cargos políticos, ya que, según Kast, “al mundo político le corresponde actuar luego de la propuesta”.

Los senadores esperan que la propuesta sea presentada en un plazo máximo de seis meses al Presidente.

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