Esto apunta a dineros que han sido recibidos por las administradoras de fondos de pensiones, producto de cotizaciones previsionales que no fueron ingresadas en las cuentas individuales de los afiliados, debido, fundamentalmente, a que su pago se hizo con información incompleta o errónea, lo que impide efectuar su acreditación.
Los recursos se mantienen registrados en cuentas de patrimonio de los Fondos de Pensiones, quedando afectos a la misma rentabilidad que obtienen los saldos de las cuentas individuales de las y los afiliados, rentabilidades que pasan a formar parte de los saldos de las cuentas individuales una vez que los rezagos son aclarados.
En ese contexto, el proyecto, que fue analizado en la comisión de Trabajo de la Cámara, busca transferir dichos dineros a las pensiones más bajas o a quienes se pensionarán con montos muy exiguos. Es decir, el 60% de los pensionados con menor pensión autofinanciada de referencia y, el 60% de los afiliados no pensionados con menor saldo en su cuenta de capitalización individual, que se encuentren a menos de cinco años de la edad legal de pensión.
Lo anterior va a significar un aporte único de alrededor de 150 mil pesos, que beneficiará a 860 mil personas, aproximadamente, las que recibirán su aporte monetario junto al pago de su pensión, mientras que a los afiliados no pensionados les será transferido a su cuenta de capitalización individual.
Dicha distribución, describe el documento, solo procederá transcurrido al menos un año desde la publicación de la ley y las AFP deberán realizar todas las acciones a su alcance para determinar la propiedad de los rezagos e informar a sus respectivos afiliados sobre esta iniciativa.
El mensaje hace presente, además, que, a julio de 2017, el monto de los rezagos acumulados por información incompleta o errónea sobre la identificación de la o el trabajador ascendía a un 0,12% del total de los Fondos de Pensiones, y un 83% de dichos recursos tiene una antigüedad superior a cinco años.
Durante la votación de la iniciativa, los diputados aprobaron una indicación, que había sido declarada inadmisible en la comisión de Trabajo, para declarar imprescriptibles las deudas previsionales del sistema de pensiones, a favor de los trabajadores y cotizantes.