Más de 300 profesionales, artistas, académicos, luchadores sociales, víctimas de la represión, organizaciones populares y de defensa de los derechos humanos expresaron hoy su rechazo a la agenda de seguridad del Gobierno y exigieron un “cambio de rumbo”.
Suscribieron la declaración 131 organizaciones y 185 referentes del mundo popular, entre ellos el alcalde Daniel Jadue, el actor Daniel Muñoz y el vocero de No+AFP Luis Mesina.
En una declaración pública, los 316 firmantes señalaron que “ante el acuerdo entre el gobierno y la oposición de tramitar, de manera extra rápida, una extensa agenda legislativa de ‘seguridad’ hacemos público nuestro rechazo y nos convocamos, junto a otras organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos a resistir, una vez más, los intentos de imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad, y a exigir a las autoridades un cambio de rumbo”.
“Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite, normas que lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país. Hasta ahora, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en el pasado reciente y durante la revuelta social. Delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales, y acreditados a través de más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos”, añadieron.
También expresaron que “este peligroso escenario parece destinado a salvaguardar la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza y se halla lejos de cualquier estándar y control de convencionalidad en materia de derechos humanos, en tanto resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos”.
“Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos no es incompatible con la seguridad de las personas, por el contrario, esa garantía es justamente su condición. Por ello, alertamos sobre los peligros de los cada vez más frecuente discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad. Se omite así lo que debe ser una obligación del Estado y sus representantes: emitir siempre una clara e inequívoca condena pública a los actos potencialmente atentatorios de la integridad personal”, agregaron.
Más adelante, indicaron que “esta agenda legislativa tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años y que el programa del actual gobierno proponía abordar primero, mediante su refundación, y luego, a través de una reforma. Esta crisis se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos, y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado”.
Según los firmantes de la declaración, “la crisis de Carabineros la generó la propia institución contando con la obsecuencia y complicidad de las autoridades civiles y de quienes se han beneficiado de una policía que, en lugar de ofrecer seguridad a la sociedad, constituye una instrumento de represión de la legítima protesta y movilización social. No corresponde por ello que la ciudadanía asuma los costos de esa crisis y vea afectados sus derechos fundamentales”.
