José Navarrete Oyarce, director del Magíster en Tributación, Universidad Andrés Bello.
La reforma a las pensiones es, sin lugar a duda, una de las iniciativas más esperadas por la ciudadanía. Es bien sabido la precariedad de estas, así como el deterioro de la imagen de las AFP que son el pilar de nuestro sistema. En función de esto, el Presidente Boric, en cadena nacional, ha dado luces de lo que sería una reforma de marca mayor, comparable incluso, con la creación de las AFP en los años 80.
A la luz de esto, se hace necesario revisar algunos elementos novedosos que fueron presentados en el mensaje. El primero de ellos, y sin duda el más potente en términos mediáticos, es el fin de las AFP tal y como se conocen actualmente. Si bien es probable que las AFP migren a ser gestores de inversión, ya no tendrán la tutela completa del proceso de pensiones, puesto que la recaudación y pago estará a cargo de un ente estatal. La opción que tendrán los trabajadores de ahorrar en estos gestores privados o en uno estatal, también es una novedad interesante, así como el tránsito a un sistema mixto, que mezcla elementos de capitalización individual con sistema de reparto, representado por la cotización adicional del 6%.
En el papel, la reforma solucionaría en gran parte los problemas de pensiones. Sin embargo, hay muchas dudas, referida al financiamiento de la PGU, así como la instrumentalización de ente estatal, así como el gestor de inversiones público, dado que la evidencia empírica indica que la eficiencia operacional no es una característica vital en los organismos estatales y en tema de pagos e inversiones, se requiere una agilidad importante.
Un tema no menor, en términos políticos, es que la reforma de pensiones necesariamente está ligada a la reforma tributaria que actualmente se discute, puesto que gran parte de las iniciativas pretenden ser financiadas con impuesto generales.
A pesar de que esta reforma es necesaria y solicitada transversalmente por toda la opinión pública, llama la atención que haya sido enviada cuando hay un proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas que, de aprobarse, aumentará los costos de contratación. Si a ese escenario se incorpora el 6% adicional de cargo del empleador, la situación para las empresas será más compleja, sobre todo en un año que se vislumbra como de contracción económica global.
Es de esperar que los legisladores analicen el proyecto con una mirada técnica, sin sesgos ideológicos, pensando que esta reforma de pensiones, probablemente se quede por los próximos 40 años en Chile.
José Navarrete Oyarce, director del Magíster en Tributación, Universidad Andrés Bello.
