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Revelan que joven que murió en bungee tenía el arnés mal instalado: se asfixió tras media hora esperando ayuda

La fiscalía argumentó que Francisco Gajardo Quiroga carecía de las licencias necesarias para realizar estas actividades, al igual que del equipo y personal requerido para garantizar la seguridad de sus clientes.

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El Tribunal de Garantías de Puente Alto decretó la medida de prisión preventiva contra el instructor de bungee, acusado en el fallecimiento de Diego Albornoz, de 23 años, ocurrido el pasado miércoles en el Cajón del Maipo.

Durante el proceso, se dio a conocer la razón de la muerte.

El cargo que enfrenta Francisco Gajardo Quiroga, según la acusación del Ministerio Público, es homicidio simple por negligencia, relacionado con el evento en el que Diego Albornoz, con residencia en Talca, perdió la vida, de acuerdo informó Radio Biobío.

La fiscalía argumentó que Gajardo Quiroga carecía de las licencias necesarias para realizar estas actividades, al igual que del equipo y personal requerido para garantizar la seguridad de sus clientes.

También se destacó su falta de experiencia, evidenciada en la incorrecta colocación del arnés a Albornoz, quien fue lanzado al vacío y quedó suspendido de cabeza, atado por la cuerda durante aproximadamente treinta minutos. A pesar de pedir ayuda, el guía no respondió, llevando a Albornoz a morir por asfixia posicional debido a la compresión cervical externa.

Estos hechos fueron analizados por Romina Onetto, magistrada del Tribunal de Garantías de Puente Alto, quien determinó la prisión preventiva del acusado, basándose en la gravedad y método del crimen.

En el contexto de la trágica muerte por bungee, la defensa sostiene que no hubo intención de causar daño. Juan Cheuquiante, representante de la Fiscalía Sur, subrayó la importancia de la medida cautelar de prisión preventiva dada la evidencia actual.

José Antonio Soberón, de la Defensoría Penal Pública, anunció que considerará una apelación, argumentando la ausencia de intención dañina en el acto.

Finalmente, se estableció un periodo de 90 días para la investigación por parte del Juzgado de Garantía de Puente Alto.

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