“Es una vergüenza, algo inexplicable y no quedará otra opción que solicitar el desafuero por parte del Ministerio Público y creo que existen muchos antecedentes para obtenerlo”, sentenció este miércoles el abogado querellante en el caso SQM, Mauricio Daza, luego que del senador Fulvio Rossi no asistiera a la audiencia en la que iba a ser formalizado por delitos tributarios.
El legislador que renunció a su militancia para enfrentar este caso, debía concurrir el pasado 16 de agosto al mismo trámite judicial pero no lo hizo, situación que obligó al Octavo Juzgado de Garantía a fijar una nueva instancia para esta jornada, donde ocurrió lo mismo.
Daza indicó que existiendo una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto de delitos tributarios reiterados relacionados con financiamiento ilegal de campañas políticas de él y de terceros, “es bastante absurdo, un sin sentido y además una vergüenza, que un senador de la República en ejercicio no cumpla con una orden judicial que lo citó a comparecer a una audiencia de formalización para los efectos de conocer las imputaciones por delitos tributarios reiterados”.
Frente a esta negativa basada en que Rossi insiste en que no ha cometido ilícito alguno en este sentido, el Ministerio Público deberá proceder a solicitar a la justicia el desafuero del legislador por Tarapacá para despojarlo de su inmunidad parlamentaria y pueda comparecer ante los tribunales como un ciudadano común y corriente.
El parlamentario ha señalado antes que prefiere este camino para resolver cuanto antes su situación, demostrar su inocencia y también que es víctima de una operación política orquestada por su principal adversario político, el diputado comunista Hugo Gutiérrez.
La Fiscalía dice tener antecedentes suficientes para imputar al senador por varias boletas de asesores que fueron extendidas a SQM y luego rectificadas ante el SII, por no poseer respaldos de los servicios prestados.
Ellos son la periodista Mariela Molina, con documentos por $44 millones entre 2010 y 2012; René Madariaga ($7 millones) y Valentina Martínez ($22 millones).
El legislador que renunció a su militancia para enfrentar este caso, debía concurrir el pasado 16 de agosto al mismo trámite judicial pero no lo hizo, situación que obligó al Octavo Juzgado de Garantía a fijar una nueva instancia para esta jornada, donde ocurrió lo mismo.
Daza indicó que existiendo una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto de delitos tributarios reiterados relacionados con financiamiento ilegal de campañas políticas de él y de terceros, “es bastante absurdo, un sin sentido y además una vergüenza, que un senador de la República en ejercicio no cumpla con una orden judicial que lo citó a comparecer a una audiencia de formalización para los efectos de conocer las imputaciones por delitos tributarios reiterados”.
Frente a esta negativa basada en que Rossi insiste en que no ha cometido ilícito alguno en este sentido, el Ministerio Público deberá proceder a solicitar a la justicia el desafuero del legislador por Tarapacá para despojarlo de su inmunidad parlamentaria y pueda comparecer ante los tribunales como un ciudadano común y corriente.
El parlamentario ha señalado antes que prefiere este camino para resolver cuanto antes su situación, demostrar su inocencia y también que es víctima de una operación política orquestada por su principal adversario político, el diputado comunista Hugo Gutiérrez.
La Fiscalía dice tener antecedentes suficientes para imputar al senador por varias boletas de asesores que fueron extendidas a SQM y luego rectificadas ante el SII, por no poseer respaldos de los servicios prestados.
Ellos son la periodista Mariela Molina, con documentos por $44 millones entre 2010 y 2012; René Madariaga ($7 millones) y Valentina Martínez ($22 millones).
