“Lamentamos esta decisión, pues son más de 1.200 trabajadores, quienes junto a sus respectivas familias se quedarán sin su principal fuente de ingresos. Es necesario que la empresa realice un esfuerzo y reevalúe su decisión”, declaró la parlamentaria socialista.
Sobre las razones de esta medida, dijo que “podemos imaginar y hasta visibilizar la crisis, y la racionalización económica que vive la empresa, pero nos cuesta aceptar y entender un escenario tan drástico, que causará un conflicto social grave en San Antonio, del que el principal responsable sería la empresa”.
Agregó que “de ser irreversible está determinación, el llamado es a que el empleador respete el compromiso que ha planteado en orden a pagar una indemnización mayor, cumpliendo cabalmente con todos los derechos que a los trabajadores les asiste frente a esta situación”.
“De igual manera, la Dirección del Trabajo debe colocar especialmente y de manera exclusiva, los recursos humanos y técnicos, que garanticen y aseguren el efectivo respeto y protección de cada uno de los trabajadores afectados”, añadió.
Finalmente, Isabel Allende señaló que “siempre es posible encontrar alternativas y revisar estas decisiones económicas. Llamamos también, al Gobierno a que se ocupe y aplique los instrumentos que permitan aminorar los costos sociales que esto ocasionará”.
La constructora danesa de contenedores refrigerados anunció el jueves poner fin a sus operaciones en San Antonio, lo que significa el despido de 1.209 operarios. El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y la municipalidad anunciaron ayuda para los afectados y sus familias.
A través de un comunicado, la empresa informó el cierre de su planta debido a que no puede competir frente a la “sobreproducción de contenedores en el mundo, en combinación con la dificultad permanente para obtener, a nivel regional, los proveedores de insumos esenciales para la fabricación de contenedores”.
La nota firmada por el gerente general de MCIS, Ronnie Jensen, también afirmó que los trabajadores despedidos recibirán una indemnización con una compensación adicional a lo que exige la ley. Además, declaró que “es una determinación necesaria, pero al mismo tiempo dolorosa. Y lamentamos profundamente los efectos que tiene para nuestros trabajadores y sus familias; muchos de ellos nos habían acompañado desde el inicio”.