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Un grupo individuos ocupó la base de la retirada estatua del general Baquedano, destruyendo parcialmente el perímetro de metal que la protege. También han instalado barricadas y cortes de calle.

"Nosotros hemos manifestado nuestra opinión en general de las inconveniencias del avance de este proyecto de ley en los términos que está referido, estimamos que normalizar la violencia es un problema para la convivencia futura (…). Hemos sí establecido que es probable suponer que dada la condición y situación que vivimos en el país, pueda ser posible alguna amnistía en relación a delitos como desórdenes públicos, que no producen daños a terceros”, sostuvo el fiscal nacional en la Comisión de Constitución del Senado.

Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, sostuvo que "escuché hoy en la Constituyente a personas que decían que había que indultar a la personas que están privadas de libertad para dar señales políticas. ¿Cuáles son las señales políticas? ¿Acaso vamos a declarar impunes a quienes entraron a saquear una ferretería y golpearon a los trabajadores allí presentes? ¿Vamos a declarar impune a quienes atacaron a automovilistas ayer? ¿Vamos a declarar impunes a quienes ocuparon armas de fuego y atacaron ayer a cuarteles policiales? Creo que las señales tienen que ser claras".

La declaración fue redactada por los convencionales de Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio) y el Partido Socialista y fue validada en una segunda votación con 105 apoyos, 34 rechazos y 10 abstenciones.

El titular de la Segpres sostuvo este lunes que que "nadie está privado de libertad por sus ideas, están privados de libertad porque el Poder Judicial ha dictado que han cometido graves delitos contra la propiedad, se ha atentado contra la vida de algunas personas, se han generado daños, delitos de incendio y saqueos".

“Muchos de los uniformados que mataron todavía están en su casa descansando y nuestros presos no tuvieron ni siquiera el derecho de la presunción de inocencia. Es por eso que exigimos la libertad de los presos de la revuelta”, dijeron desde la protesta.

Desde el partido afirman que rechazan “cualquier intento por ir más allá de los límites que estableció la legislación vigente en nuestro país, de acuerdo a las reglas refrendadas en el propio plebiscito de entrada”.

Respecto a las atribuciones que tiene la Convención frente a este tema, la presidenta de la instancia señala que "nosotros vamos a llevar el tema y vamos a llevar un planteamiento. La propuesta que sale de la gente que está vinculada en la defensa de los presos políticos es una ley de amnistía. Esto se ha estado conversando con el Gobierno, se le ha hecho sentir que es necesario, y vamos a buscar la manera de cómo incidir en eso, porque nosotros los convencionales también nos debemos a esos jóvenes que saltaron el torniquete, nos debemos a ese pueblo de Chile movilizado".

Los manifestantes exigieron la celeridad y aprobación del proyecto de indulto general en el Congreso, así como también que se esclarezcan las cifras sobre prisión política en el país, en relación a las que entregó oficialmente Fiscalía, las cuales acusan de ser una “maquinación y una mentira”.

“Jordano lleva un año y tres meses preso en condiciones terribles, no lo dejaron ver a su familia por meses, se contagió de Covid dentro de la cárcel. A él, probablemente por ser pobre, lo han condenado de esta manera”, afirmó la diputada Camila Rojas, sobre un individuo apresado durante la revuelta.