La
justicia europea determinó este miércoles que
Uber es un servicio de transporte, al que
se pueden exigir las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis, un
revés judicial para la plataforma estadounidense blanco de las críticas de taxistas en todo el mundo.
“El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes”, por lo que los países “pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio”, indicó en un comunicado el
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Con este fallo que sienta jurisprudencia en la UE, el alto tribunal responde a las dudas planteadas por un tribunal de Barcelona sobre la naturaleza de esta plataforma electrónica antes de resolver una demanda interpuesta en 2014 por la asociación Élite Taxi por competencia desleal.
La empresa con sede en Estados Unidos estimó que
la decisión judicial no cambiará la situación “en la mayoría de los países de la UE”, donde ya operan en virtud de la legislación de transporte nacional, indicó a la AFP una portavoz de Uber.
‘ELEMENTO PRINCIPAL’
La clave del fallo era determinar la naturaleza de este tipo de plataformas, que ofrecen precios más bajos por el mismo servicio y están en el
punto de mira de taxistas de todo el planeta, incluyendo Chile.
La justicia europea considera que
Uber “no se limita a un servicio de intermediación”, de poner en contacto mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a clientes con conductores no profesionales que utilizan sus vehículos para un desplazamiento urbano.
Uber crea “una oferta de servicios de transporte urbano” y su aplicación es “indispensable” tanto para los conductores, sobre quienes ejerce también una “influencia decisiva” sobre las condiciones de prestación del servicio, como para los clientes, precisó el TJUE.
Este servicio, cuyo “elemento principal es un servicio de transporte”,
responde así en virtud del marco legal europeo al “ámbito de los transportes” y no al “de la sociedad de la información”, como pretendía demostrar la empresa estadounidense.
Al ser un servicio de transporte,
las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación, como en el caso de Barcelona, donde los taxistas deben disponer de licencias para poder operar.
UNA DECISIÓN ‘TRANQUILIZADORA’
Los magistrados del alto tribunal siguen así las conclusiones del abogado general del TJUE,
Maciej Szpunar, quien ya indicó en mayo que
podía obligarse a Uber “a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas” a nivel nacional.
La presidenta de la Comisión de Transporte de la Eurocámara,
Karima Delli, celebró que la decisión de este miércoles
“tranquilizará al sector de los transportes, enfrentados hasta ahora a la competencia desleal de Uber”.
Jakob Kucharczyk, portavoz de la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, afirmó la víspera que la decisión podía afectar “a la capacidad de la UE de garantizar” que los países “no restrinjan de manera indebida los servicios en línea”.
MÁS TRIBUNALES
Aunque el alcance del fallo del alto tribunal es europeo,
este jarro de agua fría para Uber será seguido a nivel mundial, mientras que la plataforma, que opera en más de 600 ciudades, enfrenta resistencias en la mayoría de ellas.
En
Brasil, el Senado devolvió en noviembre al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para encuadrar sus actividades, aunque dejando fuera la exigencia inicial de que las autoridades municipales tuvieran que dar una licencia a estas aplicaciones.
Ese mismo mes, un tribunal de
Londres, donde la compañía estadounidense está también amenazada de perder su licencia, falló que la empresa debía considerar como empleados a sus conductores, a quienes tenía que pagarles el salario mínimo.
En
Chile aún no existe una regulación respecto de la actividad de Uber, a pesar de que en el Congreso se aprobó la de legislar sobre el tema, lo que ha provocado protestas de parte de agrupaciones de taxistas.
La imagen de la empresa estadounidense se deterioró en las últimas semanas, después que los
datos de 57 millones de usuarios en todo el mundo fueran pirateados a fines de 2016.