. Gustavo Rayo, académico Escuela de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Talca. No me cabe duda que el componente físico del Plan Impulso Araucanía continuará su derrotero para bien de la región y de sus habitantes. Al fin de cuenta, es un esfuerzo de coordinación de la inversión pública de la región en todas las áreas, como ha sido el propósito de programas similares en otras regiones y territorios (Chiloé y Áreas de Desarrollo Indígenas) con resultados dispares. Lo novedoso esta vez fue la estrategia empleada por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno: escuchar e intentar construir a través del diálogo una interpretación común de las prioridades y aspiraciones de sectores muy diversos, y en particular el de diferentes comunidades mapuches. Pues bien, es este componente singular del Plan Impulso Araucanía el que ha sido golpeado en su línea de flotación como consecuencia del asesinato de Camilo Catrillanca por funcionarios de Carabineros de Chile. La tragedia que afecta a la familia de este joven, y el dolor y desazón que este suceso ha provocado en todo el país, debiera movernos a redefinir el modo de entender la problemática mapuche. Es hora de abordar, en toda su complejidad, el dilema político fundamental que hay tras los hechos de violencia en la región de la Araucanía. Sucesivos gobiernos, han interpretado por décadas la problemática de la Araucanía, y del pueblo mapuche en particular, dependiendo de los signos políticos y las premisas ideológicas de unos y otros, bajo los códigos de pobreza, explotación económica, rezago social y cultural. En la mayoría de los casos, obviando el reclamo indígena a vivir su propia identidad como pueblo. Francisco Huenchumilla, senador DC por la región de La Araucanía y actual presidente de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, ha tomado la iniciativa a través de una moción parlamentaria, por la cual propone diversas enmiendas a la Constitución de la República. Entre ellas, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado de Chile, y a los derechos que corresponden a los pueblos indígenas. La restitución de tierras, la autonomía territorial y funcional en materias internas de las comunidades, inclusive una jurisdicción indígena en materias penales y civiles. El Gobierno debiera tomar la iniciativa en esta materia y reestablecer el diálogo con las diversas comunidades mapuches, sin exclusiones. Sin prisa, pero con todo el sentido de urgencia que representa el escenario actual en los territorios indígenas de la región. . Gustavo Rayo, académico Escuela de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Talca.