Francisca González, socióloga Área Derechos de la Niñez y Redes de Corporación Opción.
La Convención Constituyente ha permitido que entre aire fresco a nuestra democracia. Se trata de un órgano constituido de manera democrática que, a diferencia de otras instituciones, es más cercana a la realidad de nuestro país: es paritaria, tiene representación de los pueblos originarios, es diverso en edades y experiencias vitales.
Desde ahí, se ha planteado como una instancia más participativa y abierta. En ese sentido, los cabildos autoconvocados, las audiencias públicas y las iniciativas populares de norma son mecanismos que nuestros procesos deliberativos no habían conocido antes y nos presentan una oportunidad de ser parte de este hito tan importante para nuestra historia republicana, para escribir entre todas y todos un nuevo pacto social.
Lo anterior abre la puerta a múltiples discusiones que por décadas han quedado relegadas a los márgenes o derechamente ausentes. Una de ellas es el efectivo reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, y no solo como objetos de la protección estatal; y, a su vez, la consagración de efectivas garantías para el cumplimiento de esos derechos. Ahora, para que esto pueda ser una realidad, no es posible escindirlo de una concepción de Estado que reconozca también la protección social como un derecho. Elevar el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes a rango constitucional, implica que la distribución del poder que debe hacer el nuevo pacto social, debe incorporar una mirada de infancia y adolescencia.
En este sentido, resulta esencial priorizar los derechos de los niños, las obligaciones que de esto se derivan, poniéndolos en el centro de la preocupación a partir de su interés superior que tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos a éstos. Para todo lo anterior, es indispensable superar la mirada hacia la niñez desde el Estado solo a partir de la vulneración de derechos e instalarla desde la promoción de los mismos. Además de ello, entender que la comprensión de la niñez como titular de derechos, significa que sus familias tienen una responsabilidad preferente, mas no un “derecho” sobre ellos y ellas, y comprender que es el Estado el obligado a generar condiciones adecuadas para que esa responsabilidad se pueda ejercer.
Francisca González, socióloga Área Derechos de la Niñez y Redes de Corporación Opción.
