El vocero (s) de La Moneda, Felipe Ward, se refirió la mañana de este lunes a la situación que involucra al titular de Economía, Lucas Palacios, luego que se revelara un audio del ex diputado UDI, Gustavo Hasbún, donde en conversación con un tercero menciona al ahora ministro de Economía (cuando era subsecretario del MOP) para solucionar un problema de pagos, dejando entrever que el “trámite” tendría un costo. Ward remarcó que “lo que corresponde es ceñirse, remitirse al comunicado que ha emitido el ministerio (de OOPP) y que ha explicado en algunos medios de comunicación el actual ministro Palacios. Acá hay contenidos muy importantes: se puso término anticipado al contrato con la empresa mencionada en esos audios (…), se cobraron las boletas de garantía correspondientes, se eliminó a esa persona y a esa empresa del registro de contratistas y se entregaron los antecedentes a la fiscalía regional. Esa es la forma correcta de actuar”. Añadió que “primero (hay que) reconocer la prontitud y lo adecuada y correcta de la respuesta que ha emitido el MOP y en esta ocasión, a través de este comunicado, el actual ministro (de Economía) Palacios que da cuenta a una acción concreta en torno a eventuales denuncias que pueden implicar la concurrencia de ciertos delitos. Obviamente, estamos hablando de una situación que requería una respuesta y esta se emitió el día de ayer y contiene estos elementos a los cuales me acabo de referir”.

El ministro apuntó que “cuando una autoridad de Gobierno, a pesar de que se ha señalado que no tiene ninguna vinculación ni directa o indirecta con los hechos que están siendo denunciados, es interpelada lo que corresponde es que se entregue una respuesta contundente, correcta y oportuna y eso es lo que ha hecho el ministro Palacios y esa es la respuesta oficial de La Moneda”.

Ward hizo hincapié en que “el respaldo existe” al titular de Economía “y sobre todo el respaldo a las acciones tomadas a este tipo de denuncias. Cuando una autoridad de Gobierno, cuando un funcionario público se encuentra frente a hechos que son eventualmente constitutivos de delitos tiene la obligación de ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente, en este caso Fiscalía. Más allá de eso, se terminan anticipadamente los contratos, se cobran las boletas de garantía, no hay ningún perjuicio para el Fisco, se suspende a la persona involucrada del registro de contratistas”.