El Gobierno se refirió este jueves a la denuncia que interpuso ante Fiscalía contra el presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, por obligar al personal del recinto a que le apliquen una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Específicamente, las autoridades respondieron al comunicado de la clínica, que acusó que habían colocado terceras dosis en otras oportunidades y no recibieron denuncia por ello.

“La respuesta oficial fue el seguimiento y estudio de la situación, pero no la apertura de un sumario sanitario, como intempestivamente ocurre ahora”, indicó la misiva de CLC, que apunta a “vicios legales” en la acción judicial y el sumario sanitario contra la institución.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que dichos casos correspondieron a “errores humanos” y no fueron obligados, como sí ocurrió con la inoculación a Gil.

Daza señaló que han habido “errores programáticos en relación a la vacunación (EPRO) por distintos motivos, la mayoría de ellos errores humanos (…) La persona, antes de registrar en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI), coloca la vacuna y después se da cuenta de que la persona (paciente) ya tiene las dos dosis. Lo que se hace es un seguimiento, se pide al centro que haga una mejora y también una vigilancia de la persona para asegurar que no tenga eventos adversos”.

“Esto es muy distinto a la notificación que se hizo por personal de salud de la misma CLC donde la notificación es que ellos fueron obligados a colocar una tercera dosis. Son errores programáticos distintos y en función de esa notificación se decidió realizar una investigación”, agregó.

Por su parte, la subsecretaria del Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien firmó la denuncia junto a Daza sostuvo que “cuando una persona llega a exigir una vacuna, saltándose la fila y no solo eso sino que además se apropia de un bien que es del Estado, no hay un error: hay una intención de ponerse una vacuna y, desde la perspectiva del Gobierno, de apropiarse de un bien que es del Estado”.

“Para nosotros eso reviste características de delito penal y es por eso que hemos presentado una denuncia a la fiscalía junto con la subsecretaria Daza”, agregó Martorell, remarcando que las dosis “estaban destinadas a ser administradas a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al calendario de vacunación”.

“No solo eso: inclusive después se entregó un certificado médico para intentar justificar esta vacunación dos días posteriores al hecho de la vacuna. Desde nuestra perspectiva, también hay una intención de asegurar lo que se había cometido, que es voluntariamente y con intención ponerse una vacuna que correspondía a otras personas. La CLC puede tener su defensa, como corresponde. Nosotros tenemos otra opinión y por eso la estamos buscando hacer valer en tribunales”, cerró.