El Ministerio de Hacienda afirmó que la información solicitada a la Superintendencia de Pensiones sobre las personas que retiraron el 10% de las AFP tiene “fines netamente estadísticos”.
“De acuerdo a sus facultades, el Ministerio de Hacienda está permanentemente estudiando y proponiendo medidas que inciden en materias relacionadas con la política económica, social y financiera del Estado”, señaló en un comunicado.
“Dado ello, dentro de sus facultades y en el contexto de la pandemia de Covid-19, esta cartera de Estado solicitó información a la Superintendencia de Pensiones con fines netamente estadísticos, para evaluar el potencial impacto de la medida del retiro de fondos de pensiones sobre el sistema financiero del país y su impacto fiscal y tributario asociado”, añadió.
“Para enriquecer este análisis resultó necesario solicitar las nóminas de afiliados que permiten cruzar información con otras fuentes de datos disponibles para el Ministerio de Hacienda. De esta forma, se puede evaluar y modelar conjuntamente esta y otras medidas de apoyo económico, que han surgido en el contexto de la crisis producida por la pandemia de Covid-19″, agregó
“Finalmente, el Ministerio de Hacienda reafirma su compromiso con el resguardo de los datos personales, y señala que el manejo de esta información se apega a estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad, tal como se señala en la Ley 19.628, sobre la protección de la vida privada”, concluyó.
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
La bancada de diputados de la Democracia Cristiana resolvió recurrir este jueves al Consejo para la Transparencia, con el fin de verificar la legalidad de la solicitud realizada a la Superintendencia de Pensiones por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien habría pedido los datos personales y montos retirados por los afiliados que solicitaron el 10% de sus fondos de pensiones.
La situación fue calificada por el diputado falangista, Gabriel Silber, como “muy grave e inaceptable” y manifestó que el Gobierno estaría recayendo en una violación de bases de datos privadas “y con detalles específicos, no sólo de quienes ya retiraron su 10% y el monto, sino que incluso de quienes podrían hacerlo en un eventual segundo nuevo retiro”, haciendo equivaler la acción a una eventual petición de la autoridad de gobierno “sobre la información bancaria de cada persona”, como una forma de amedrentamiento hacia los cotizantes que retiren sus fondos.
“Esta solicitud es grave, porque se viola el deber de guardar secreto sobre información sensible de cada persona. Los recursos que los chilenos tenemos ahorrados en las cuentas de las AFP son dineros de cada uno, son fondos privados, al igual que los recursos que podemos tener en las cuentas corrientes, de ahorro, etcétera”, sostuvo Silber.
Por otra parte, el parlamentario agregó que “si el gobierno, para fines estadísticos, quiere calcular el monto de recursos que no recaudó debido a que el retiro del 10% no pagó impuesto a la renta, bastaba con pedir de manera global, y no detallada, lo que cada AFP entregó a sus afiliados por dicho concepto”.
