Tras un debate que se extendió por más de cinco horas, la Sala del Senado, que se reunió de forma telemática, despachó a tercer trámite en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público.

La iniciativa considerará un reajuste escalonado para los trabajadores de la administración pública y un bono especial Covid-19 para el personal de la salud en el marco de la emergencia sanitaria, además de otros beneficios, tales como, un bono de término de conflicto para los trabajadores y trabajadoras con remuneraciones inferiores a 2 millones de pesos.

Tras la relación del proyecto, el senador Jorge Pizarro (DC), informó los alcances del “guarismo de reajuste”, el cual será de 2,7% a aquellos hasta 2 millones de remuneraciones y 0,8% para quienes estén sobre ese monto.

“Las altas autoridades no tienen ningún tipo de reajuste. En la Comisión escuchamos a todos los dirigentes de los gremios. Son varios los temas que generaron debate más detallado en la aplicación de algunos bonos, como los de la salud, VTF, seguros para Carabineros, teletrabajos” señaló, además de advertir los problemas al querer incluir leyes misceláneas.

No obstante el acuerdo en varios temas, hubo divergencias discutidas en otros, como el traspaso de los funcionarios del Sename al Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia, lo que fue explicado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien manifestó que “el grueso de los trabajadores debería ser traspasados, pero se requiere una evaluación y puede que algunas personas no tengan las competencias que se requieren en el nuevo servicio”. No obstante, el artículo referido fue suprimido por 19 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención.

Luego, la Sala estudió el artículo 92 que busca suprimir la obligación de los asistentes de la Educación de realizar evaluaciones diagnósticas presenciales dada la pandemia. Los senadores Yasna Provoste, Isabel Allende y Alfonso De Urresti argumentaron a favor de esta idea, mientras que el senador Juan Antonio Coloma votó en contra, advirtiendo que “esta materia no tiene relación con el reajuste y además los parlamentarios no tienen iniciativa en esto”. Con todo, dicha supresión fue respaldada con 19 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones.

Tras ello se aprobó por unanimidad una norma que busca garantizar que no exista una merma en el sueldo de los trabajadores del transporte público, cuando los operadores reciben subsidios por rebajas de tarifas.

En cuanto a los artículos correspondientes al reajuste en sí mismo y los aguinaldos, fueron apoyados también por unanimidad. Respecto a los referidos al traspaso de trabajadores de la CORFO a distintos ministerios, se dio un debate en cuanto a la necesidad de indemnizar a aquellos que pasen del régimen del Código del Trabajo al sector público propiamente tal. Finalmente, estos artículos se aprobaron con 28 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

En la misma línea, los legisladores analizaron el artículo que busca subir de un 0,6 a un 3,1% el aporte de los trabajadores por concepto de Seguro de Incapacidad Laboral (SIL). Los legisladores -en forma transversal- reflexionaron sobre la realidad de las Cajas de Compensación y el rol contable de FONASA, mientras que algunos apuntaron a los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la ley de presupuestos 2021. Finalmente, este artículo fue rechazado con 17 votos en contra y 15 a favor.

Otro de los temas que generó mayor controversia dentro de la sesión, tuvo relación con los artículos 79 y 80 que permiten a la Dirección de Bienestar de Carabineros contratar un seguro destinado a la defensa jurídica a su personal. Luego de las argumentaciones, los parlamentarios aprobaron la norma con 16 votos a favor y 15 en contra.

Finalmente, se sometió a votación la disposición sobre la forma en que se otorgará el bono de la salud.

“El Ministerio de Hacienda informará a más tardar el 31 de marzo del 2021, la forma en la cual se otorgará el bono especial de Emergencia Sanitaria covid-19 regulado en el artículo 86 de la presente ley, al personal a honorarios que se desempeñe en establecimientos de la red de salud y en atención primaria, siempre que cumplan jornada completa con una antigüedad no menor a 7 meses; y al personal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, así como al personal de los hospitales institucionales”, versa el texto legal, que añade que la cobertura también comprenderá a los funcionarios del Sector Salud que hayan cumplido atención sanitaria producto de la pandemia.

En este punto los senadores de oposición abogaron por considerar además a trabajadores del IPS, Servicio Médico Legal, cementerios y otros.