El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en la ceremonia de juramento de 75 nuevos abogados a nivel nacional, abordó las protestas que ocasionó el fallo del juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en primera instancia no concedió la prisión preventiva de Martín Pradenas en el caso de Antonia Barra.

“Hemos sido testigos de hechos recientes que ameritan que, desde este lugar, volvamos a recordar la importancia que tiene una judicatura independiente para asegurar nuestra forma de vida, moderna, civilizada, respetuosa de las libertades y los derechos”, expresó el ministro Silva.

“La independencia judicial no es una teoría formal ni una expresión aparente, es una garantía ineludible que tenemos todos los ciudadanos de un país y un ordenamiento que nos respeta. Es la situación en que se encuentra cada juzgador en el momento de ejercer su función, en orden de hacerlo únicamente basado en los hechos del caso y la ley. Ella es, y se nos olvida a veces, lo que hace posible que vivamos en forma pacífica“, sostuvo Silva.

“Los jueces, desde temprano aprendemos a lidiar con otras voces, pronunciadas por actores sociales relevantes, con las personas, y no solamente con la ley. A todo ello se han añadido, de un tiempo a esta parte, las publicaciones de redes sociales, los mensajes por los medios de comunicación y, en ocasiones, grupos de personas fastidiadas, enfadadas, estimuladas, quizás, por los deseos de venganza o movidas por instintos y emociones todavía sin procesar”, añadió.

La autoridad resaltó que en un Estado de Derecho es saludable la crítica y fiscalización, “pero de ningún modo, y quiero ser enfático en esto, pueden constituir una presión ilegítima a la decisión del juez, no pueden condicionar la deliberación ni la sentencia. Sucumbir a esa presión externa, de esas variadas voces, las de quienes tienen, de una u otra manera, más poder -las más de las veces-, constituiría un fracaso de nuestro sistema jurídico y de nuestra civilización”.

Finalmente planteó que “no podemos desconocer que son esenciales a una sociedad democrática la libre expresión y la crítica ciudadana, incluidas las actuaciones y resoluciones judiciales, pero ninguna duda existe que nada tiene ello que ver con la amenaza, el amedrentamiento o el señalamiento ofensivo personal de los magistrados y su labor jurisdiccional, realizado de cualquier modo, y muchas veces sin conocer los antecedentes del proceso, las motivaciones de la resolución y menos aún el Derecho”.