El Consejo para la Transparencia (CPLT) llevó a cabo una fiscalización extraordinaria que identificó 81.112 casos de funcionarios registrados en más de un organismo público, abarcando tanto la administración central como municipalidades y corporaciones municipales.
El proceso se efectuó entre marzo y diciembre de 2024, analizando Transparencia Activa de septiembre de 2023 de 787 instituciones públicas: 390 del Gobierno Central, 345 municipalidades y 52 corporaciones municipales.
Entre lo analizado figuran las planillas de personal y remuneraciones en las modalidades de planta, contrata, honorarios y Código del Trabajo.
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL CPLT
La revisión mostró que, del total de funcionarios con múltiples registros, el 80 % presenta dos registros y el 20 % tres o más. Asimismo, el 73 % de los casos ocurre dentro de la misma institución, con especial incidencia en municipalidades y el sector educación.
Un 27 % corresponde a funcionarios con registros en dos o más instituciones distintas, predominando la combinación de municipios y Administración Central (10 % del total).
En cuanto a la modalidad de contratación, el 20 % tiene múltiples contratos a honorarios, el 19 % combina contrata y honorarios, y el 18 % presenta más de un registro a contrata, sumando estas combinaciones 57 % de los casos.
Según el CPLT, “sin perjuicio que la multiplicidad de registros contractuales no es per se una situación irregular, en algunos casos podría dar cuenta de eventuales incompatibilidades” cuando un funcionario con cargo de planta mantiene contratos adicionales a honorarios sin claridad sobre la compatibilidad horaria.
También se detectó un caso de un profesional con hasta 11 contratos a honorarios simultáneos en municipalidades y remuneraciones mensuales totales por sobre los $16 millones.
OTROS REGISTROS
El informe halló casos de alcaldes y jueces de policía local con cargos vigentes en otras instituciones, pero con permisos sin goce de sueldo, lo cual está permitido por la ley vigente.
En la muestra de 79 SAI, la fiscalización evidenció 17 que no fueron respondidas o lo fueron parcialmente, además de información errónea, falta de derivación cuando correspondía, entrega de datos personales sensibles sin anonimizar y respuestas inconsistentes respecto de lo publicado en Transparencia Activa.
