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Tribunal modifica cautelar a Jadue: deberá cumplir arresto domiciliario nocturno

El fiscal Marcelo Cabrera señaló que “vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos en los próximos días”.

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El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), obtuvo una modificación en su medida cautelar luego de que el 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolviera sustituir el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno, en el marco del caso Farmacias Populares.

La revisión de la medida preventiva se realizó en primera instancia, en la que el tribunal optó por revocar la restricción anterior y reemplazarla por una de menor intensidad.

Desde la Fiscalía Centro Norte manifestaron su desacuerdo con la resolución.

El fiscal Marcelo Cabrera señaló que “vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos en los próximos días”.

Jadue ya había permanecido tres meses recluido en el Anexo Capitán Yáber, antes de que en septiembre de 2024 se le concediera el arresto domiciliario total.

Fiscalía solicitó una pena que suma 18 años de presidio


En cuanto al fondo del proceso, el Ministerio Público presentó acusación por cuatro delitos consumados: fraude al Fisco -en carácter reiterado-, estafa, cohecho y delito concursal. En total, el ente persecutor solicitó una pena que suma 18 años de presidio, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos por al menos una década.

Respecto del fraude al Fisco reiterado, la Fiscalía pide 12 años de presidio mayor en su grado medio, una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado -8.787 Unidades Tributarias Mensuales- y la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos, empleos u oficios públicos.

Por el delito de estafa, la solicitud es de tres años y un día de presidio, junto con una multa de 21 UTM y, en el caso del delito concursal, la pena solicitada asciende a 541 días de presidio.

Finalmente, por cohecho, el Ministerio Público requiere una condena de 820 días de reclusión menor, una multa de $19 millones y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos.

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