Este lunes 18 de octubre se cumplirán dos años del estallido social. En la antesala, Amnistía Internacional (AI) presentó ante la Fiscalía Nacional un informe que recopila estándares internacionales sobre la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros durante la revuelta.

El documento apunta contra los superiores que no evitaron ni denunciaron “el uso excesivo desproporcionado de la fuerza” por parte de integrantes de la institución uniformada, en el marco de los crímenes cometidos durante la respuesta policial a las protestas.

Según indicó la organización en un comunicado, “los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza”.

“Sin embargo, ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y muchos de los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos atendiendo el control de las protestas”, añadió la institución que busca velar por los Derechos Humanos.

Asimismo, apuntó a que “de forma deliberada, estos mandos habrían obstaculizado el acceso a la información a la Fiscalía y permitido la impunidad al interior de la institución – por ejemplo, en casos como los de Alex Núñez, Gustavo Gatica y Fabiola Campillai”.

“Este ambiente de favorecimiento e impunidad es claro al constatar que, dos años después de la respuesta represiva generalizada de parte de Carabineros, el entonces Director de Orden y Seguridad (Ricardo Yáñez) no solo no ha sido investigado por su rol y responsabilidad durante el estallido social, sino que ha sido ascendido al puesto máximo de la institución como General Director”, añadió la organización.

En esa línea, recordó que “el anterior general director (Mario Rozas) no fue removido de su cargo por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos, incluidas muertes, torturas y otros malos tratos documentadas en el informe de la organización”.

Además, advirtió que “esta cultura institucional de la impunidad fue avalada por un discurso inflamatorio del Ejecutivo, que demonizó la protesta caracterizando a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, lo cual promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido”.

“Hasta el día de hoy, se siguen repitiendo conductas de uso desproporcionado de la fuerza, y el gobierno mantiene un discurso de apoyo irrestricto a Carabineros, que incluso llega a negar la gravedad de lo sucedido hace dos años o la necesidad de abordarlo de manera estructural”, remarcó.

Amnistía Internacional hizo un llamado a realizar una “reforma amplia y profunda” a Carabineros.

En esa línea, recordó el lanzamiento de su investigación “Policías bajo la Lupa: cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas”, donde se abordan experiencias de toda la región en la materia.

“El informe propone las cinco claves a las que hace referencia su título: primero, contar con mecanismos independientes y efectivos de monitoreo del actuar policial; segundo, mecanismos de participación significativa de la sociedad civil y organizaciones de víctimas; tercero, protocolos apropiados para investigar abusos policiales; cuarto, abordar el actuar policial ilegal como un asunto estructural, y quinto, asegurar la responsabilidad de los altos mandos y de nivel superior”, detalló.