Según La Tercera, la Federación de Funcionarios del Ministerio Público interpuso un reclamo ante la Fiscalía Nacional, en el que se acusa de “tratos abusivos” de Campos en el marco de la indagatoria que encabeza por la denuncia contra Arias.
Los funcionarios afirmaron que se han filtrado a la prensa datos sensibles de los trabajadores de la Fiscalía de Rancagua, por lo que se hace necesario resguardarlos de “exposiciones públicas dañinas innecesarias y de ser necesario, decretar las medidas de protección en sus calidades de testigos y realizar las denuncias si corresponde”.
La acusación añadió que “dentro de las primeras diligencias ejecutadas por el fiscal regional Eugenio Campos, se han realizado abiertos actos que podrían ser considerados discriminatorios o vejatorios, que buscan intimidar y amedrentar a los funcionarios y funcionarias que deben declarar en la investigación penal en curso, ejerciendo presiones indebidas y que no se condicen con la calidad de testigos que tienen y más considerando la institución a la cual pertenecen que sean tratados como imputados”. La Federación aseguró que son tratos “abusivos”.
“Resulta claro que todos los funcionarios estamos dispuestos a entregar la máxima colaboración con las investigaciones del Ministerio Publico, conforme lo dispone la ley y a partir del profundo compromiso que tenemos con nuestra institución y sus labores, pero esto en ningún caso significa que toleraremos tratos vejatorios y amenazantes, que se hagan de forma excesiva y gratuita en contra de funcionarios que son citados a declarar como testigos, pero a quienes se les trata en los hechos como imputados”, agregaron los funcionarios.
Los trabajadores manifestaron que “no toleraremos que se continúe menoscabando la dignidad de los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía Regional de Rancagua, en el contexto de las diligencias que se realicen en las investigaciones penales y administrativas ya referidas, por lo que solicitamos que en su calidad de Fiscal Nacional del Ministerio Público garantice que se cumplirá con la ley, y cada funcionario o funcionaria que deba declarar en tales aristas, sean tratados con la dignidad y respeto a sus derechos que les corresponden”.