La Corte Suprema informó la tarde de este jueves que se deja sin efecto la compra de automóviles marca Lexus ES300H, lo que implicaba un desembolso superior a los $1.200 millones.

El Pleno del máximo tribunal se reunió durante la mañana para abordar la decisión que había sido aprobada el 2 de febrero y luego de 2 horas de debate se conoció una declaración de seis puntos que en lo sustantivo establecía lo siguiente:

“El Poder judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto”.

“La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental”.

“Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron a la vista para, adoptar en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos”.

“Este Tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país”.

“Se debe puntualizar que si bien la Ley de Presupuesto para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial”, sostuvo la declaración que fue leída por el secretario de la Corte, Jorge Sáez.

Y agregó que se ratificó “el acuerdo previo adoptado por el ministro de Hacienda con el expresidente de la Corte Suprema y dos ministros consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el director de esta última, que incluía la renovación de los vehículos institucionales”.

En el punto siguiente la Corte sostiene que “formalizada la petición de aplicación del saldo inicial mediante oficio 3DF N°538, de 26 de enero de 2024, dirigido a la Dirección de Presupuestos, no ha habido respuesta”.

Hace dos días el Pleno del máximo tribunal se reunió para analizar la controversia surgida luego de que se conociera que adquirirían 22 vehículos híbridos de alta gama con un costo unitario que bordea los 50 millones de pesos.

Luego de eso la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial emitió un escueto comunicado en el que afirmaba que aún no se ejecutaba la compra.

“En relación a las publicaciones aparecidas en la prensa con ocasión de la decisión de la Corte Suprema de renovar los vehículos institucionales, es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, decía el comunicado.

El documento agregaba que “este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin”.

Posterior a ello se han sucedido una serie de declaraciones de distintos personeros, particularmente desde el Ejecutivo, que precisaban que era el Poder Judicial el que debía sanjar la controversia por tratarse de un poder autónomo.