Carabineros desalojó este martes una casa fiscal ubicada en calle Los Prunos, en la comuna de La Reina, Región Metropolitana.

El domicilio era ocupado por un matrimonio de adultos mayores, identificados como Teresita Araya y Manuel Miranda, ambos militantes de la Democracia Cristiana y este último seremi de Bienes Nacionales durante el gobierno de Patricio Aylwin, entre 1992 y 1994.

La orden fue emanada desde el Ministerio de Bienes Nacionales, desde donde explicaron que el espacio será ocupado para solventar demandas sociales de la comuna.

Según indicó la cartera en un comunicado, los ocupantes habían recibido sucesivas prórrogas para la restitución voluntaria del inmueble. La última fue el 4 de julio de este año, donde se comprometieron a abandonarlo en un plazo de 30 días, lo que no ocurrió.

El domicilio es de 833 metros cuadrados y tiene un avalúo fiscal de más de 230 millones de pesos. El matrimonio Miranda Araya había vivido allí desde el año 1973.

El ministerio informó que Miranda pagó el arriendo hasta 1980, mientras que “en 1983, el Estado le otorgó la posibilidad de compra del inmueble, que no fue concretada porque los interesados nunca presentaron los documentos ni antecedentes necesarios”.

“De esta manera, siguieron viviendo gratis hasta 1991, cuando se firmó un nuevo contrato de arriendo con la señora María Teresita Araya como titular. Sin embargo, este arrendamiento solo fue pagado hasta el año 1992. A raíz de este incumplimiento, en 2001 se suscribió un convenio de pago, cuyas cuotas solo fueron pagadas hasta el año 2004”, agregó la misiva.

Luego señaló que “desde el año 2005, la situación se ha judicializado y los tribunales de justicia han rechazado las pretensiones de los ocupantes. A pesar de los recursos presentados por el matrimonio ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, se ha mantenido la sentencia favorable al Fisco que ordena la restitución del inmueble. Si bien se han otorgado diversas oportunidades y nuevos plazos para la restitución voluntaria, esta nunca ha sido cumplida, no dejando más opción que el desalojo”.

Además, la entidad del Gobierno recalcó que el matrimonio está “lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad” y que cuenta con “recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo”.

“Como ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee”, sentenció.