A contar de las 9:30 horas de este lunes se iniciará el proceso de desalojo de la toma Calicheros de Quilpué, desde los terrenos de la familia Correa, con un operativo social, migratorio y sanitario para los habitantes organizado por la municipalidad y la Delegación Presidencial de Valparaíso, en coordinación con organismos gubernamentales. Este martes comenzará la demolición.
Sobre el operativo, el delegado presidencial, Yanino Riquelme, señaló que “mantenemos todas las coordinaciones necesarias con el municipio, quienes también dispondrán de sus capacidades logísticas y operativas para apoyarnos en la ejecución de esta medida siempre buscando el resguardo de la integridad y derechos fundamentales de las familias”.
El terreno tomado pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 poco después de haber denunciado públicamente la usurpación de sus terrenos en Quilpué. Se estima que hay cerca de 130 familias viviendo en la toma. La Seremi de Vivienda ordenó la demolición en 2021 y el año pasado la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó que se concrete la medida.
Los ocupantes del terreno anunciaron que se resistirán a la medida de desalojo. Una de las voceras, Yasmín Durán, declaró que “pueden botarme la casa si quieren pero no nos van a mover, hay una orden de demolición pero no de desalojo”. Otro de los voceros, Gustavo Sepúlveda, afirmó que “las personas no se van a mover, porque se les prometió un plazo razonable y no se cumplió”.
Para las obras de demolición que se iniciarán este martes, el Serviu de Valparaíso adjudicó las obras a la empresa Río Grande SpA, que ofreció ejecutarlas por un monto de $131.250.000. La demolición tendrá un plazo máximo de ejecución de dos días corridos, mientras que la fase de aseo y limpieza del paño se deberá concretar en cinco días. Finalmente se levantará un cierre perimetral.
Este lunes comienza proceso de desalojo y demolición de toma en Quilpué
Sobre el operativo, el delegado presidencial, Yanino Riquelme, señaló que “mantenemos todas las coordinaciones necesarias con el municipio, quienes también dispondrán de sus capacidades logísticas y operativas para apoyarnos en la ejecución de esta medida siempre buscando el resguardo de la integridad y derechos fundamentales de las familias”. Una de las voceras, Yasmín Durán, declaró que “pueden botarme la casa si quieren pero no nos van a mover, hay una orden de demolición pero no de desalojo”.
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Texto: Aton/Foto: Aton