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INDH informa que no presentará querella por delitos de lesa humanidad durante el estallido social

El organismo comunicó que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia le chilena”.
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) determinó no presentar una querella por delitos de lesa humanidad tras el estallido social de octubre de 2019.

El organismo comunicó que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia le chilena”.

“La información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios necesarios de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”, agregó.

Sin embargo, esta decisión no es definitiva, ya que podría cambiar ante la existencia de nuevos antecedentes que permitan cambiar de opinión al consejo del INDH, según informó El Mercurio.

El informe anual de 2019 del instituto afirmó que durante el estallido social se cometieron las “más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia”. Además, se llevó a cabo una política en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero aclaró “que a la fecha ha demostrado muy poco avance”.

El INDH hizo un llamado al Ministerio Público y los tribunales de justicia a “cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos, tarea indispensable en una sociedad democrática en la cual rige el Estado de Derecho”.

El consejo del organismo aseveró que “para estar a frente a delitos de lesa humanidad, en la forma plenaria cuya condena mundial es la base del Estatuto de Roma, supone que hay indicios ciertos de que existió un grado de organización y planificación de parte de agentes del Estado para promover activamente violaciones ‘a gran escala’ de los derechos humanos en forma acordada, simultánea o sucesiva”.

Informó que en diciembre la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional informó al Estado de Chile que había decidido no iniciar un examen preliminar respecto de estas mismas materias, “a la espera de nuevos antecedentes y que nuestros tribunales nacionales de justicia cumplan con su deber”.

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