Luego que la Contraloría General de la República diera a conocer un informe que detectó una serie de irregularidades en el otorgamiento de pensiones de gracia por el estallido social, desde la oposición solicitaron este jueves a destitución de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la salida del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El informe de Contraloría da cuenta de que 58 beneficiarios figuran con antecedentes penales. Entre los ilícitos cometidos se mencionan estafa, homicidio, tráfico de estupefacientes y producción de material pornográfico, junto con acreditarse que 10 de los 144 casos revisados no presentaban antecedentes médicos o los respaldos no permiten verificar el relato del postulante.

Frente a esto, diputados de oposición se refirieron en el Congreso al escrito y a la situación en que queda Monsalve.

Henry Leal, de la UDI, sostuvo que “como bancada vamos a iniciar un procedimiento de destitución de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos que participaron de este procedimiento. Ellos tienen un deber de responsabilidad. Esperamos que el Gobierno, revoque las pensiones de gracia sin más trámites”.

El parlamentario añadió que “la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos contempla un procedimiento, que con la firma de 10 diputados se puede recurrir a la Corte Suprema por abandono de deberes o de negligencia inexcusable, si es que el consejero no hace bien su trabajo”.

“Este proceso está viciado y se debe revocar ahora todas las pensiones de gracia entregadas a delincuentes”, remarcó Leal.

El diputado de RN, Diego Schalper, indicó que “me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está absolutamente comprometida”.

“Creo que lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad. Y me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho”, manifestó.

El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, llamó al Presidente Boric a “reevaluar su gabinete”. “Mientras tenemos más de 4.000 carabineros lesionados, tenemos delincuentes que siguen recibiendo pensiones de gracia”.

“Y por eso le decimos al Ggobierno que esto no se puede quedar así, que tienen que poner cargos a disposición, porque si no, la sensación que ya está instalada en todo el país es que estas pensiones de gracia a delincuentes fueron otorgadas con complicidad por parte del gobierno”, sostuvo Longton.

Las voces de la oposición por las irregularidades detectadas por la Contraloría, también tuvieron eco en el oficialismo, en tono de autocrítica.

La diputada Lorena Fries (CS) reflexionó: “Obviamente sorprende porque da cuenta de una gestión administrativa deficiente que debiera ir reparándose a través de medidas disciplinarias, pero también con nuevos antecedentes que puedan aportar y concluir efectivamente que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

“Y lo digo porque todo esto, lo único que ha hecho es contribuir a relativizar el tema de los derechos humanos en Chile”, complementó Fries.

Por su parte, Tomás de Rementería (PS) indicó que “es inaceptable que haya personas inescrupulosas que, con informes poco legibles, anterior al estallido social, declaren que son víctimas de violaciones de derechos humanos”.

“Porque acá sí hubo víctimas reales, lesiones graves para toda la vida, daños oculares (…) Cuando hay un grupo que falsea documentos, es un problema porque se está relativizando lo que de verdad pasó”, finalizó el diputado.