La Contraloría General de la República envió un informe a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las pensiones de gracia, en el cual indica que 58 de 419 beneficiados presentan antecedentes penales.

Según consigna Emol, son antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos.

Asimismo, algunos beneficiarios tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.

Además, el organismo constató que 19 expedientes de beneficiarios remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019.

En esa línea, la falta de antecedentes o las deficiencias de aquellos no permitían respaldar el análisis y evaluación efectuado por ese departamento respecto del grado de lesiones y menoscabo laboral de los postulantes a las pensiones de gracia que fueron autorizadas.

Además de no existir una instrucción formal para incrementar las pensiones de gracia que habían sido otorgadas conforme a la categorización original, no se evidenciaron antecedentes de respaldo que den cuenta de una nueva instancia de reclasificación de la gravedad de los casos en cuestión para otorgar tal aumento.