El jefe Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, dijo este martes que la policía civil no fomenta el pago de rescate por las víctimas de secuestros extorsivos. En todo caso, declinó criticar a Carabineros en el caso del empresario Rudy Basualdo.

En entrevista con Radio ADN, el jefe policial fue consultado por las revelaciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y sostuvo que el caso de Rancagua “es una investigación muy delicada, muy reservada y hay que ser muy cautelosos, sobre todo en el proceso de negociación”.

En cuanto a los procedimientos de la PDI en los secuestros, señaló que los protocolos están divididos en tres fases: “La primera, dirigida a abocar todos los medios técnicos y humanos a la liberación de la víctima sana y salva; la segunda, para identificar y situar a los autores de este delito; y la tercera, la operación policial destinada a la detención y desbaratar a la estructura que está detrás de los delitos de secuestro”.

En cuanto a los protocolos de negociación, recalcó que “nosotros no fomentamos el pago de rescate por víctimas en cautiverio, no obstante, muchas veces estas negociaciones se escapan, y triangulan estas extorsiones a familiares de estas mismas víctimas que son extranjeras, hacia el extranjero”.

Sin embargo, añadió que “nosotros no podemos negar que la familia, quizás, en forma paralela, pueda realizar un pago por la liberación de su familiar en cautiverio”.

“También es importante dar cuenta que hay muchas estadísticas que, a lo mejor, alarman, por la cantidad de denuncias, pero hay que aclarar que éstas son el momentos en que se denuncia el caso y ahí se activa el protocolo por parte del Ministerio Público, y éste instruye a la brigada especializada para que se haga cargo de las primeras diligencias, y esas son las que confirman o descartan que se trate de un secuestro real”, enfatizó.

Finalmente, Barrientos reconoció que “hay un aumento evidente”, pero que en el caso de la PDI, “tenemos 118 concurrencias por delito de secuestro en lo que va de este año, pero en sólo 45 pudimos establecer, de acuerdo a la primera fase de la investigación, que correspondía a secuestros reales”.