La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) se refirió a la denuncia realizada por el exdirector del organismo, Cristóbal Acevedo, quien afirmó que se pagaron 3.500 millones de pesos por 30 colaciones en 2022.

Este jueves ante la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, Acevedo aseguró que Junaeb contrató a Soser para entregar 796 mil raciones de alimento. Sin embargo, la empresa realizó la compra solo de 30 raciones, por lo que cada una de ellas habría tenido un costo de $116 millones aproximadamente.

Al respecto, mediante un comunicado Junaeb aclaró que el exdirector “presentó acusaciones gravísimas no contenidas en el líbelo, las que se hicieron sin entregar los antecedentes básicos para poder verificar y responder responsablemente”.

En esta línea, respecto al dinero que hizo referencia Acevedo explicaron que “corresponden a montos de contratos firmados previo a la llegada de este Gobierno”.

Asimismo, el organismo indicó que “no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289 pesos, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior. La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093 pesos”.

“No hay ninguna empresa que entregue 30 raciones, dado que el mínimo de raciones por empresas es 1.508.821 al año”, aclararon.

Además, señalaron que desde 2022 hasta la fecha “no existen contratos del Programa de Alimentación Escolar que no hayan sido conocidos y revisados por Contraloría en el control de legalidad que dicha entidad realiza a través del trámite de toma de razón”.

En este sentido, Junaeb anunció que “ante las diversas acusaciones esta administración solicitó a Contraloría General de la República una investigación o auditaría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, con objeto de despejar cualquier duda además de, encontrar posibles puntos de mejora para la gestión del Programa”.

Por último, subrayaron que “no es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras esta no se entregue por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos”.