Las gestiones legales del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, para dejar sin efecto la suspensión de sus funciones que le impuso el fiscal nacional, Jorge Abbott, no tuvieron éxito, luego que esta jornada la justicia declaró inadmisible el recurso de protección.
Así consta en el fallo dividido de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que no dio lugar al reclamo del persecutor, quien el 6 de mayo vio interrumpida su labor, luego que su superior jerárquico y fiscal nacional, Jorge Abbott, tomó la decisión atendiendo las recomendaciones realizadas por el fiscal a cargo de la investigación interna contra Arias, Alberto Ayala, como una “medida preventiva”.
Según informó Emol, esta situación motivó al persecutor jefe de Rancagua, por lo que presentó la acción legal al poner en duda la objetividad e imparcialidad de Ayala, ya que además este último lo indaga por una querella interpuesta en el marco del caso Caval y porque habría tenido reuniones con su denunciante antes de formalizarse la denuncia en su contra. En su sentencia el tribunal de alzada indicó que la situación expuesta no se trata de proceso finalizado y que por eso “los hechos descritos en la presentación, sobrepasan los márgenes del recurso de protección, teniendo en consideración que aún existe un procedimiento administrativo pendiente y los actos impugnados no tienen carácter terminal”. La resolución añadió que “son actos trámite o intermedio que forma parte de un procedimiento complejo, como es el sumario administrativo, condiciones en las que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad”. Los cuestionamientos a Arias iniciaron a mediados de abril, cuando su subordinado, el fiscal adjunto de Rancagua, Sergio Moya, lo denunció por cuatro hechos que están siendo indagados administrativa y penalmente.
Estos son: obstruir la investigación en el caso contra los magistrados de la zona; tener un trato preferente con un abogado del caso del teatro Regional de Rancagua; haber filtrado información a un particular en Puerto Montt; y haber favorecido al condenado síndico Herman Chadwick en el caso Caval con un procedimiento abreviado.
Según informó Emol, esta situación motivó al persecutor jefe de Rancagua, por lo que presentó la acción legal al poner en duda la objetividad e imparcialidad de Ayala, ya que además este último lo indaga por una querella interpuesta en el marco del caso Caval y porque habría tenido reuniones con su denunciante antes de formalizarse la denuncia en su contra. En su sentencia el tribunal de alzada indicó que la situación expuesta no se trata de proceso finalizado y que por eso “los hechos descritos en la presentación, sobrepasan los márgenes del recurso de protección, teniendo en consideración que aún existe un procedimiento administrativo pendiente y los actos impugnados no tienen carácter terminal”. La resolución añadió que “son actos trámite o intermedio que forma parte de un procedimiento complejo, como es el sumario administrativo, condiciones en las que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad”. Los cuestionamientos a Arias iniciaron a mediados de abril, cuando su subordinado, el fiscal adjunto de Rancagua, Sergio Moya, lo denunció por cuatro hechos que están siendo indagados administrativa y penalmente.
Estos son: obstruir la investigación en el caso contra los magistrados de la zona; tener un trato preferente con un abogado del caso del teatro Regional de Rancagua; haber filtrado información a un particular en Puerto Montt; y haber favorecido al condenado síndico Herman Chadwick en el caso Caval con un procedimiento abreviado.
