El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al requerimiento que ingresó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ante al Tribunal Constitucional (TC) en relación a ley que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y ambientales.

La CPC acudió al TC acusando que existirían “vicios de inconstitucionalidad” en la iniciativa que fue despachada por el Congreso el pasado 16 de mayo.

El documento que entregaron los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube indicó que “las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico”.

“Lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio orden público y económico, al ‘seleccionar’ a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”, señalaron.

Tras participar de un seminario organizado por la Universidad Católica, Marcel se refirió al requerimiento y sostuvo que “los planteamientos al Tribunal Constitucional están abiertos a todos los ciudadanos”.

“En este caso, no solamente hay un planteamiento de un sector, que es el de la Confederación de la Producción y del Comercio, sino que también han anunciado parlamentarios que también serán parte de esa discusión. Todo eso es parte normal de un proceso de discusión sobre constitucionalidad y esperamos que se pueda resolver prontamente”, indicó.

Añadió que “este es un proyecto que fue aprobado por una abrumadora mayoría en el Congreso. Me tocó estar en el momento en que se votó (…) y la verdad es que fue bastante impresionante el consenso que generó en el proceso legislativo”.

“Así que creo que en la medida que es una iniciativa que tiene ese grado de apoyo y ese grado de consenso, es importante que cualquier duda sobre su aplicación se pueda despejar lo antes posible”, remarcó.