La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que encabeza Ricardo Mewes, acudió al Tribunal Constitucional (TC) acusando que existirían “vicios de inconstitucionalidad” en la ley que sistematiza los delitos económicos, más conocida como Ley contra Delitos de Cuello y Corbata, despachada por el Congreso el pasado 16 de mayo.

El documento que entregaron los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube consta de 34 páginas, donde se exponen una serie de antecedentes a tomar en cuenta en el control de constitucionalidad del mencionado proyecto de ley.

En el texto, ambos abogados advierten que “las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico”.

Además, señalan que “lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio Orden Público y económico, al ‘seleccionar’ a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”.

Dentro de los sesgos que tendría la iniciativa que busca aumentar penas a quienes cometan estos tipos de ilícitos, Zaliasnki y Huber indicaron que hay una “mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley”.

Los abogados de la CPC sostuvieron que el problema podría derivar “en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos”.

En esa línea, desde el gran empresariado criticaron que se busque “una ‘culpabilidad muy elevada’ de una persona solo por el hecho de tener ‘posición jerárquica superior en la organización’ al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución”.