El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, confirmó que la Pensión Garantizada Universal (PGU) “está financiada, y solo debemos desbloquear los temas técnicos”, aseverando que “planteamos un esquema de financiamiento que nos parece adecuado y el correcto, pero también hemos dicho que, si es necesario conversar y ver qué mejorar, lo vamos a hacer y con urgencia”.

En conversación con Radio Cooperativa sostuvo que “hemos planteado una fórmula de tres aspectos: las exenciones tributarias, que entregan financiamiento de 0,35 puntos del PIB, otro son las provisiones que están en el Tesoro Público para este año y también hacia adelante, que entregan 0,5, y además 0,1 puntos que vienen del Fondo de Reserva de Pensiones”.

Respecto a las provisiones, aseveró que “están en el Presupuesto y en el programa financiero que, por lo menos, está hasta el 2026, según la obligación legal, pero no quiere decir que no esté el financiamiento para después del 2026”.

“Hemos hecho proyecciones a 30 años, nos han solicitado que vayamos a 50 años, estamos trabajando en eso y lo vamos a presentar en el Senado; pero ahí estamos hablando de problemas técnicos, y tenemos que solucionarlos, para eso estamos la clase política”, detalló, para luego expresar que “el punto es separar la decisión política de avanzar con esto y cómo solucionamos, que es la parte más técnica”.

“Pero si para poder avanzar lo más rápido posible tenemos que conversar otras fórmulas, estamos disponibles (…) como Gobierno no vamos a ser obtusos, sino que vamos a buscar todas las posibilidades de acuerdo con quienes sea necesario (…) no nos cerramos a alguna cosa, no hay nada vedado”, recalcó.

IMPUESTO A “SÚPER RICOS”

El proyecto sobre exenciones fue aprobado con una indicación ingresada por diputados que agrega un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales (impuesto a los “súper ricos”) con domicilio o residencia en Chile que superen los cinco millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario.

Cerda recriminó que “estamos conversando con distintas personas y había muchas fórmulas, y no había aparecido” como alternativa este impuesto a los “súper ricos”, que termina siendo incorporado “de forma inconstitucional” pues las iniciativas tributarias son facultad exclusiva del Presidente de la República, consignó Cooperativa.

El ministro de Hacienda hizo reserva de constitucionalidad tras la votación en la Cámara Baja. “Ir al Tribunal Constitucional es una herramienta constitucional, pero sí tenemos todavía la opción de seguir conversando y llegar a acuerdo en la etapa que viene, en el Senado”, comentó al respecto.

El tema de fondo, sobre este punto en particular, es que “nos preocupa el procedimiento (…) debemos tener reglas del juego claras (…) y cuando ocurren estas cosas al final del día es como que no tenemos reglas, y debemos velar por que las reglas se sigan cumpliendo”, sostuvo. Y además “tenemos serias dudas de cuánto recauda“, agregó.

De todos modos, garantizó que seguirá dialogando. Incluso también “estamos conversando con la oficina del Presidente electo (Gabriel Boric), es una buena señal que haya acuerdo con el Gobierno entrante”.

Asimismo, en el Congreso “veo buen ánimo y esperamos ojalá que se despache durante enero para pagar en febrero”, subrayó.